Las confrontaciones que el gobierno mantiene con diversos sectores de la comunidad nacional cada vez se ahondan y la violencia que se emplea en las soluciones deja marcadas cicatrices que perturban cualquier intento de volver a la armonía. Pese a que la detección temprana de los problemas es la recomendación esencial para prevenir los conflictos, se prefiere llegar a la crisis para demostrar poder mediante el empleo excesivo de la fuerza. Se desecha el diálogo para imponer autoridad postergando la oportunidad de encontrar soluciones mediante la negociación o mediación.
El arte de negociar ofrece una gama de posibilidades que están a disposición de las partes en conflicto, cuando existe buena fe y disposición. Lamentablemente, en nuestro medio se imponen las acciones y reacciones temperamentales por encima de las actitudes meditadas. Los luctuosos hechos en los que derivaron los reclamos y acciones demuestran ausencia de voluntad negociadora.
Una de las condiciones para que cualquier intento de acuerdo prospere, en toda actividad humana, sea privada o pública, y en mayor grado cuando se trata de los Estados o actividad oficial, es la sinceridad, la voluntad y disposición de las partes. Contrariamente, es imposible encontrar acuerdos y soluciones en negociaciones en las que se disfrazan los hechos, se apela a verdades a medias, y el engaño se convierte en objetivo. Ningún acuerdo impuesto por la fuerza puede perdurar. Es lo que ocurre con las negociaciones que ha desarrollado el gobierno en los últimos años con diversos sectores que demostraron inicialmente su apoyo a la política oficial, y esperaron pacientemente varios años para finalmente pedir atención a sus demandas, pero la respuesta fue la descalificación y la represión.
En varios de los casos, los diferentes sectores que efectuaron reclamos solamente lograron soluciones a medias, dejando latentes una serie de conflictos, muchos de ellos heredados del pasado y otros creados recientemente. El conflicto actual con los cocaleros de Los Yungas es un ejemplo elocuente. Se trata de un sector que apoyó al Gobierno, y hoy es considerado y tratado como un “grupo de criminales”. Antes fueron los pobladores del Tipnis y los indígenas de tierras bajas. Luego fueron los cooperativistas mineros y hasta la Central Obrera Boliviana, cuyos dirigentes fueron cooptados para desmovilizar los reclamos sectoriales. Pero los conflictos latentes se mantienen en el magisterio, médicos y trabajadores en salud, universitarios, campesinos de Achacachi, Caranavi y otros, aunque algunos de ellos tienen su tiente político.
Los familiares de los cooperativistas mineros muertos, del alumno de la universidad de El Alto, y de los cocaleros de los Yungas, entre otros, esperan justicia, mientras la crispación crece por el pisoteo de la Constitución Política del Estado.
Existen otros conflictos que tienden a desencadenar sus consecuencias en cualquier momento, como los reclamos de las regiones por el pacto fiscal y los proyectos regionales postergados o fracasados. Lamentablemente, se está produciendo una acumulación de potencial conflictividad en el país, que pone en riesgo la armonía y las posibilidades de salidas concertadas, especialmente por la proximidad del proceso electoral.