La Policía requiere una profunda reestructuración que haga posible reformular sus bases mismas, dando paso a lograr una institución altamente tecnificada, científicamente preparada y éticamente confiable. Ya no se puede experimentar con la improvisación de cambios que no modifican más que la epidermis, su forma y hasta algunos nombres. Basta de remiendos, enmiendas, parches y más de lo mismo en una institución que está siendo llevada a su destrucción. Es necesario salvar a la Policía depurando sus cuadros y dándole la jerarquía, autonomía funcional, y preservándola de la intromisión política partidista.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, anunció modificaciones a las normas del régimen policial como una medida inmediata para luchar contra la corrupción dentro la institución del Orden. Según este funcionario, “tenemos una política de cero tolerancia a la corrupción, mecanismos para no repetir hechos de corrupción son justamente modificaciones muy consistentes y de mucho impacto que se van a dar a conocer en los próximos días”. Si fuese así, nada de los escándalos que surgen constantemente ocurriría.
El funcionario no precisó las normas que serán modificadas, pero es necesario comprender que simples modificaciones no solucionarán el problema que tiene raíces profundas y que tiene directa implicancia con el sistema judicial, que ha tocado fondo hace mucho tiempo arrastrando a altos magistrados, jueces, fiscales, funcionarios y policías.
Los problemas que distorsionan la función policial no son nuevos. Datan de hace mucho tiempo. El año 2014 se publicó un estudio del Barómetro de las Américas, elaborado por el proyecto de Opinión Pública de Vanderbilt University, que afirmaba que la Policía boliviana tenía la peor imagen, inclusive inferior a los organismos policiales de Venezuela, Haití, Perú y México. El trabajo, elaborado por los investigadores Mitchell Seligson y Elizabeth Zechmeister, no establece con claridad el tiempo en el que se hizo el estudio, pero el hecho de que la policía de nuestro país aparezca con esa imagen debió mover a las autoridades a hacer algo.
Es necesario aquilatar en su justa dimensión los riesgos que surgen de un organismo policial distorsionado. Las connotaciones de la pérdida de confianza en la policía y la justicia tendrán repercusiones de alto riesgo a corto plazo. Los ejemplos de la tragedia que viven otros países, que pasaron por los mismos problemas, debería hacer reflexionar a los gobernantes de turno. El informe del Barómetro de las Américas no es el único que en sus evaluaciones efectúa calificaciones negativas para la Policía boliviana. Por ejemplo, La Defensoría del Pueblo, el año 2014 presentó un informe en el que la Policía y el Órgano Judicial eran las dos instituciones más denunciadas durante 2013 por vulnerar derechos humanos en el país.
Otro trabajo de investigación señala que la inseguridad ciudadana es el tema de mayor preocupación de la población. Mas del 25 por ciento de la gente que vive en las áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ha sido víctima de delincuencia en el curso de un año, de acuerdo a un estudio del Foro Regional, formado por las organizaciones “Ciudadanía”, y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). Sin duda estos datos son preocupantes, no solamente por su magnitud, sino porque coinciden con otras investigaciones.
El propio gobierno elaboró en 2011 un trabajo que demuestra que la gente no acude a la policía por desconfianza. Solamente tres de cada diez víctimas de robo o hurto en los primeros ocho meses de 2011 denunciaron el delito en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. El resto calló por desconfianza en la Policía o en el sistema judicial.
El dato proviene de la Encuesta de Victimización realizada por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC), que dependía del Ministerio de Gobierno. El 59% de los encuestados reveló que alguno de los miembros de su familia fue asaltado y 42%, que uno o más de sus integrantes fue víctima de hurto. Un dato alarmante revela que solamente un 9% de las víctimas de robo a personas denunció el hecho ante la Policía o la Fiscalía.
Las autoridades pueden recolectar abundante información sobre la realidad de la Policía en los medios de comunicación, en testimonios diversos y propias evidencias de las autoridades, aunque sería suficiente argumento para depurar y transformar a la institución del orden, el estudio elaborado por el propio gobierno que demuestra que la gente no acude a la policía por desconfianza.