El Estado boliviano firmó ayer un acuerdo para compensar a empresas chilenas por unos 42,6 millones de dólares, una cantidad algo menor a la multa establecida por una entidad internacional por haber revertido concesiones mineras de forma ilegal, informó una fuente oficial.
El acuerdo cierra un largo proceso de más de una década emprendido por las compañías Quiborax y Non Metallic Minerals (NMM) ante una entidad internacional de arbitraje, según un comunicado de la Procuraduría General del Estado boliviano.
No obstante, por este caso está pendiente en Bolivia por otra vía un pedido de la Procuraduría para que sea investigado el expresidente del país Carlos Mesa (2003-2005), por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Un contrato transaccional suscrito este jueves en La Paz en la sede del Ministerio de Minería de Bolivia da «cumplimiento pleno, oportuno y definitivo al laudo» emitido por un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de acuerdo con la Procuraduría.
De este modo, «el Estado boliviano compensó definitivamente a las demandantes con un monto de 42,6 millones -de dólares-«, explicó en el comunicado.
Esta cantidad «significó un ahorro de 108 millones -de dólares-, 72 %, frente a la pretensión inicial de 150,8 millones de Quiborax y NMM», detalló la Procuraduría.
El acuerdo alcanzado con las empresas por el Estado boliviano, a través de la Procuraduría y del Ministerio, «incluye la renuncia por parte de Quiborax y NMM al 20 % del monto neto de la indemnización, el 50 % de los intereses y la totalidad de las costas determinadas por el laudo», indicó al respecto.
«Todo ello representa un beneficio para el Estado, con un ahorro de 14,5 millones -de dólares-, 25 %, del monto total establecido por el laudo», subrayó respecto a la multa por algo más de 58 millones de dólares impuesta recientemente por el tribunal de arbitraje.
El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, durante el gobierno de Mesa.
Estas firmas presentaron una controversia ante el CIADI, una entidad dependiente del Banco Mundial, que a finales del mes pasado cerró el caso a favor de las demandantes, al entender que la revocación no se ajustó a la ley.