Los bolivianos recordaron ayer los quince años de una revuelta social que pasó a la historia como el «Octubre Negro» y que acabó con la dimisión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien las víctimas responsabilizan de las más de 60 muertes que dejó la represión de aquellas protestas.
Esta jornada fue declarada desde 2013 el Día de la Dignidad Nacional, en memoria de los fallecidos en los sucesos de septiembre y octubre de 2003, que también se conocen como «Guerra del Gas».
Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del país, Evo Morales, quien aseguró que Sánchez de Lozada «escapó» el 17 de octubre de 2003 a Estados Unidos «acorralado por los sectores sociales que se movilizaron pese a la sangrienta represión».
«Con la huida de Sánchez de Lozada, nuestro país se liberó del modelo neoliberal saqueador de nuestros recursos naturales», escribió Morales en Twitter.
El mandatario mencionó también que en aquellas jornadas se «asesinaron a 67 hermanos bolivianos» y en los últimos años «murieron al menos 14 heridos» durante las protestas.
La ciudad donde se produjeron muchas de estas muertes es El Alto, vecina de La Paz y la segunda más poblada de Bolivia.
En un acto en la región sureña de Tarija, Morales sostuvo además que no se debe olvidar «la lucha de los movimientos sociales» en 2003, que fue «para recuperar nuestros recursos naturales».
A su juicio, Sánchez de Lozada y algunos de sus ministros huyeron del país porque saben que cometieron «delitos de lesa humanidad» y «han preferido escaparse para no ser procesados en Bolivia».
El gobernante también cuestionó que Estados Unidos hable de derechos humanos, pero no los practique.
«Si realmente practicaría, sería el primero en expulsar a Gonzalo Sánchez de Lozada (para) que venga acá a Bolivia a ser juzgado y procesado. Y no lo hacen porque ellos eran representantes de sus políticas de saqueo a nuestros recursos naturales», manifestó.
Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) tiene pendiente un juicio en Bolivia por su supuesta responsabilidad en la muerte de más de 60 personas entre septiembre y octubre de 2003.
Aquellas muertes ocurrieron durante la represión militar y policial de la revuelta social contra la decisión del exgobernante de exportar gas natural boliviano a Estados Unidos a través de un puerto chileno.
El que fue ministro de Defensa de Sánchez de Lozada en su segundo mandato, Carlos Sánchez Berzaín, ha señalado a Efe en Miami que la renuncia del entonces presidente no debió ocurrir y aseguró que «Bolivia es una patria cautiva», un «narcoestado» encabezado por Evo Morales y vinculado al castro-chavismo.
La exautoridad, que también vive en Estados Unidos desde 2003, asegura que en la segunda presidencia de Sánchez de Lozada «tuvimos una mala lectura de la realidad objetiva».
El Gobierno era «débil» pero no «impopular», había heredado una crisis económica y era una democracia «inerme», que «no tenía mecanismos para defenderse».
Por su parte, los familiares de las víctimas de la «guerra del gas» insistieron en que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sean juzgados en Bolivia, para lo cual exigieron que las actuales autoridades actúen para concretar su extradición.
En declaraciones a la radio Compañera, el abogado de esas familias, Rogelio Mayta, lamentó que quince años después y «pese a todos los esfuerzos» que han realizado no se lograse «el objetivo fundamental, que era tener a los dos principales responsables de la masacre (…) acá en Bolivia, sometidos a la Justicia boliviana».
«No se ha renunciado bajo ninguna circunstancia a que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sean juzgados aquí en Bolivia. Reiteramos lo que hemos pedido en todo este tiempo, en los últimos años, que las autoridades puedan redoblar esfuerzos, que se esfuercen en lograr la extradición», manifestó el abogado.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, señaló por su parte que la extradición de Sánchez de Lozada «está en manos de las autoridades de Estados Unidos» y «pasa por una decisión y una voluntad política» del Gobierno de ese país.
«No ha habido una respuesta ni favorable ni negativa en lo que se refiere a la solicitud de extradición que se ha presentado», dijo.
Al margen del proceso en Bolivia, los familiares de las víctimas iniciaron un juicio contra ambos en Estados Unidos.
En abril pasado, el jurado del caso civil responsabilizó a las exautoridades bolivianas de las muertes de ocho personas en el «octubre negro» y fijó compensaciones por diez millones de dólares.
Sin embargo, un mes después, un juez estadounidense falló a favor de una moción del expresidente y el exministro, quienes, además, han reclamado que los abogados de las víctimas que llevaron la demanda en Estados Unidos paguen una parte de los gastos del juicio.