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jueves, septiembre 29, 2022
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Bolivia y CIDH crean mesa para seguir recomendaciones sobre crisis de 2019

El Gobierno de Luis Arce y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instalaron este martes una mesa de seguimiento a las recomendaciones del grupo especial del organismo sobre la crisis social y política de 2019 en Bolivia.

La mesa quedó constituida tras la firma en La Paz de su plan de trabajo por el canciller boliviano, Rogelio Mayta; la secretaria ejecutiva de la CIDH, la mexicana Tania Reneaum, y el también mexicano Joel Hernández, relator de ese organismo para Bolivia.

La Mesa de Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI-Bolivia (Meseg) refleja el compromiso de la CIDH «por fortalecer e innovar las herramientas» para acompañar el desarrollo de «situaciones específicas y prioritarias de derechos humanos», dijo Reneaum.

También destacó la puesta en marcha de mecanismos similares en países como México, Honduras, Nicaragua o Venezuela y remarcó que este tipo de iniciativas permiten hacer un «acompañamiento directo» y un seguimiento «periódico, sistemático y específico» para que las recomendaciones se implementen con mayor prontitud.

La Meseg es resultado de «meses de diálogo entre la CIDH y el Estado» boliviano en los que se elaboró un plan de trabajo que «recoge las preocupaciones de las víctimas» de la crisis y también los «retos» y «fortalezas» del país para cumplir con las recomendaciones hechas en su momento por el GIEI en su informe sobre los sucesos de 2019, agregó.

«Esta mesa de seguimiento es un proyecto ambicioso y desafiante, pero que sin duda va a contribuir en todo momento con iniciativas, acompañamientos y asistencias que sean necesarias para materializar las recomendaciones realizadas por el GIEI», sostuvo.

El informe presentado por el GIEI en agosto pasado concluyó en que en el país hubo «graves violaciones a los derechos humanos» durante la crisis de 2019 y consideró «fundamental» avanzar en las investigaciones y procesos por esos sucesos, aunque también advirtió sobre «serias deficiencias» estatales para garantizar la independencia judicial.

Trabajo de la mesa

La Meseg facilitará asistencia técnica al Estado boliviano para que desarrolle herramientas para el cumplimiento de las recomendaciones del grupo y apoyará a entidades civiles y asociaciones de víctimas para que participen «activamente» en el proceso de seguimiento, indicó Reneaum.

Además, trabajará en función de las temáticas de «reparaciones, investigaciones y cuestiones estructurales, tanto aquellas institucionales como normativas», señaló.

Entre las actividades que desarrollará se incluyen visitas en terreno, reuniones con autoridades y organizaciones civiles y un «foro social con víctimas, familiares y sociedad civil para recoger sus voces», agregó.

El ministro boliviano de Justicia, Iván Lima, que también asistió al evento, destacó que Bolivia ha cumplido ya con algunas recomendaciones del GIEI, entre ellas, pasar la administración del servicio para la prevención de la tortura del Gobierno a la Defensoría del Pueblo y eliminar el tipo penal de sedición.

A su turno, el canciller boliviano reconoció que durante 2019 «hubo graves fracturas» en la sociedad boliviana por la polarización derivada de la crisis.

Según Mayta, el Gobierno de Arce asumió el «reto histórico» de que «se haga justicia», pero una justicia «revestida de legitimidad y credibilidad».

«Esa justicia, para hacerlo de verdad, no puede construirse en base de la transgresión de los derechos humanos de quienes lamentablemente en determinado momento de nuestra historia fungieron como verdugos», manifestó.

Por ello el Ejecutivo firmó diversos convenios con entidades como Naciones Unidas y la CIDH, para que se desarrollen estos procesos «resguardando los derechos humanos de todas las partes», aseguró.

El canciller consideró que los procesos que se realicen son necesarios para proporcionar justicia y reparación a las «víctimas directas», pero además «son medidas necesarias para la reconciliación de la sociedad boliviana».

Bolivia está enfrascada en una polémica entre el oficialismo, que asegura que la renuncia de Evo Morales a la Presidencia fue por un golpe de Estado, y sus detractores, que sostienen que la crisis fue consecuencia de las denuncias de fraude a favor del exmandatario en los fallidos comicios generales de 2019, luego anulados.

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