Un tribunal civil instalado a instancias de activistas por los derechos de las mujeres deliberó este jueves en La Paz para tratar tres casos emblemáticos de víctimas de violencia machista y política cuyas familias no han hallado respuestas en la Justicia ordinaria y los perpetradores están impunes.
La IV sesión del Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad y la Sanción Social se instaló a instancias del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, una entidad que agrupa a activistas con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
El observatorio se creó en 2009 al evidenciar «que la causa estructural de la violencia y del feminicidio cada vez más cruel es un Estado patriarcal, machista y misógino y tiene como hija a una Justicia no independiente, amordazada», con impactos negativos en la vida de las mujeres, dijo la activista Griselda Sillerico al inaugurar la sesión.
El tribunal es un instrumento pensado para dar una «sanción social» ante una impunidad que «se ha institucionalizado» y reclamar que la violencia hacia las mujeres no quede sin castigo, indicó
En declaraciones a Efe, la activista recordó que desde 2014 a la fecha se han registrado en el país 938 feminicidios.
Sillerico llamó la atención ante el hecho de que cada año se registren al menos un centenar de estos sucesos y que Bolivia sea «el tercer país de la región con mayor feminicidios» y el primero «con violencia sexual», datos «que duelen».
Tres vidas truncadas
En esta cuarta versión, el tribunal, presidido por la directora de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, examinó tres casos en los que hubo vulneraciones al debido proceso y retardación de justicia.
Cada caso fue expuesto por el abogado o abogada de la familia, una trabajadora social que hizo seguimiento y algún familiar de la víctima.
El primero fue el de Yessenia Fuentes, violada y asesinada en 2011 por su pareja, un hombre que logró zafar de la Justicia por este suceso, pero está en prisión preventiva por otro feminicidio cometido en 2017.
Como el hecho fue previo a la aprobación de la ley que introdujo la figura de feminicidio en la legislación penal boliviana, el caso fue abordado como un homicidio, pero fue sobreseído sin tener en cuenta las pruebas que se habían presentado, denunció la abogada Angélica Siles.
«Quiero pedir que (el culpable) pague (…) Pido justicia y que pague», señaló por su parte la madre de la muchacha, Miriam Valeriano.
El tribunal observó que hubo «omisiones y negligencia» en el tratamiento del caso, además de las fallas del Estado al no haber protegido a la víctima, que había denunciado violencia antes de ser asesinada, y al dejar en la impunidad el suceso, lo que permitió que el hombre cometa otro feminicidio.
El segundo caso analizado fue el asesinato en 2012 de la concejala Juana Quispe, una mujer aimara cuyo cuerpo fue hallado en un río de La Paz luego de una serie de presiones y amenazas políticas, cuyo crimen sigue sin juzgarse.
El caso de Quispe es reconocido como emblemático por diversas organizaciones, pues esta muerte violenta terminó de impulsar la promulgación de la ley Contra el Acoso y la Violencia Política en 2012.
La acusación de la Fiscalía contra los principales acusados, que pertenecen al partido gobernante, salió recién el año pasado, pero el juicio aún no se ha instalado.
El tribunal observó que hasta el momento no haya una sentencia «ni siquiera en primera instancia, ni mucho menos con una reparación» para la familia de Quispe y recordó que el Estado es responsable de garantizar a las víctimas una Justicia «pronta y oportuna».
El tercer caso expuesto fue el de Verónica Quintana, quien en agosto de 2013 fue hallada muerta, desnuda y con signos de violencia y de probable agresión sexual en un barranco en La Paz.
Los principales acusados son cinco compañeros de su universidad con los que se reunió el día de su muerte y quienes alegaron que supuestamente la joven cayó por un barranco tras haber consumido bebidas alcohólicas.
La familia de la joven denunció una serie de irregularidades, desaparición y contaminación de pruebas, humillaciones, revictimización y demoras sufridas durante la investigación y el proceso judicial, además de que el caso no fue tipificado como feminicidio, sino como homicidio.
El tribunal señaló que en este caso hubo «incumplimientos y negligencia» de las instancias encargadas de atender, investigar y sancionar estos sucesos e indicó que se vulneraron los derechos de las víctimas más allá de haberse logrado una sentencia que, no obstante, aún no es definitiva.