Con una agenda nutrida, urgente y decisiva, el sistema universitario público inicia en Potosí el Décimo Tercer Congreso Nacional de Universidades, postergado desde 2018. Uno de sus objetivos es renovar a todos los dirigentes del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), y se adoptarán otras decisiones dirigidas a evitar que sus autoridades prorroguen su gestión. Se analizarán propuestas que buscan un cambio profundo, que debe comenzar por la evaluación de la estadía de los estudiantes con más de ocho años en la universidad, las reelecciones de dirigentes y la titularidad de los docentes. Tanto dirigentes como docentes, estudiantes y organizaciones académicas consideran que tiene que lograrse la recuperación de la institucionalidad y lograr que se mejore el sistema universitario.
Hoy la imagen de las universidades está en riesgo debido a los escándalos que han conmovido a todo el país. El evento reúne a la mayoría de las autoridades y dirigentes. Las que no participan son las universidades José Ballivián, de Beni, y Siglo XX de Llallagua. Once universidades enviaron a sus delegados. Tanto los dirigentes como autoridades universitarias garantizaron las medidas de seguridad para que se desarrolle el congreso. El Comité Cívico de Potosí también ofreció garantías y seguridad para que la reunión pueda desarrollarse con normalidad. De todas maneras, existe todavía susceptibilidad después del atentado producido cuando se instalaba una asamblea estudiantil, hecho que dejo un trágico resultado.
El 9 de mayo se lanzó una granada de gas lacrimógeno en una asamblea que debía elegir al Comité Electoral para la elección de los nuevos dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Tomás Frías de Potosí. Ese día murieron aplastadas cuatro universitarias que intentaron escapar del coliseo donde se efectuaba la asamblea. Este hecho a su vez destapó una serie de irregularidades que se producen en las universidades, especialmente en la conducción de las organizaciones estudiantiles como la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y las federaciones universitarias locales (FUL), que operan en cada casa superior de estudios.
Desde 2018, cuando se instaló el Congreso de Universidades, los representantes del sistema universitario público, no pudieron reunirse porque varias federaciones universitarias no habían renovado sus dirigentes. Entre ellas está la FUL de Potosí, la de San Francisco Xavier de Chuquisaca, y de la Universidad Autónoma del Beni. Esa situación impidió la reinstalación del congreso. En varias universidades la FUL opera con dirigentes interinos o que se prorrogaron en el cargo. De acuerdo a lo que trascendió en el evento, las ausencias y las irregularidades de algunos dirigentes no debería perjudicar al Congreso porque existe la mayoría necesaria que mandan las normas.
Después de la tragedia ocurrida en la Universidad de Potosí comenzaron a surgir denuncias sobre dirigentes que se encuentran en el cargo mucho tiempo y que cursan estudios hasta por más de 20 años. Es el caso del máximo dirigente estudiantil de la CUB, Max Mendoza, que actualmente es procesado en la justicia por apropiación ilegal de fondos públicos. Antes de ser detenido, anunció la postergación del Congreso de Potosí «por falta de seguridad», pero su decisión fue rechazada y se ratificó el Congreso que debe sesionar hasta el 27 de mayo. Mendoza Parra es desde hace diez años presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), la máxima organización de estudiantes universitarios. En su gestión viajó a ocho países (Argentina, Cuba, Perú, España, Venezuela, México, Estados Unidos, Brasil) entre 2018 y 2021, con viáticos que revelan manejos millonarios. Todos estos antecedentes muestran que algo muy malo se ha filtrado a las casas de estudios superiores. Las universidades deben ser la expresión más fidedigna de la cultura, la ciencia, el conocimiento y la búsqueda de la excelencia, donde no puede anidar la intolerancia, las irregularidades y menos la corrupción.
Desgraciadamente, se está distorsionando la misión excelsa de estas entidades. La política en las universidades, ha sido un factor esencial como parte del debate intelectual y como medio para encontrar soluciones a las problemáticas de la sociedad. Las universidades han dado aportes valiosos a la democracia y a la mejor comprensión del rol del Estado y de las comunidades. La autonomía universitaria ha sido el escudo para la defensa de la democracia en los momentos críticos que ha vivido el país. Lamentablemente, el sectarismo, la lucha por el poder y por obtener privilegios enloda el concepto de la política para convertirla en un instrumento carente de valores que contamina todo lo que toca. El haber metido la politiquería en las instituciones fundamentales ha dado resultados lamentables que el país sufre actualmente, y que tiene ejemplos poco edificantes con la justicia, la policía y la mayoría de las instituciones públicas. Y otra muestra de la insana influencia partidaria es la pretensión de copar el control de las universidades.