La politización del sistema judicial dio paso a la incursión de los magistrados encargados de administrar el sistema judicial en la presión política, sumándose a las disputas partidarias por el control de poder, causando estragos en la institucionalidad del país. Como consecuencia todo se enreda, desde la gestión económica hasta la lucha contra la corrupción, pasando por la estabilidad democrática que en este momento tiene como su principal víctima al proceso electoral para los altos cargos judiciales. El apasionamiento político, hace que las animosidades contra los adversarios lleguen a extremos. El diputado «evista» del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, afirmó que cuando termine la gestión del presidente Luis Arce Catacora, se activará una «persecución» contra los funcionarios del actual régimen. «No va a haber un hueco donde se metan y no los podamos ubicar, no va a haber piedras o debajo de piedras donde se puedan esconder, porque los vamos a hallar y los vamos a perseguir a todos ustedes, hasta en el infierno para que respondan sobre las atrocidades que están cometiendo contra el pueblo boliviano», advirtió.
En ese ambiente de enfrentamiento, sin duda, es muy difícil llegar a acuerdos o por lo menos coincidir en soluciones a los diversos problemas coyunturales, y menos hay oportunidad para preocuparse de las políticas de Estado. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez en un programa periodístico, admitió que las disputas políticas y la «electoralización» en el país frenan el avance de leyes en la Asamblea Legislativa, además del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales. Dijo que las disputas políticas están afectando «en definitiva» el trabajo y eficacia de la Asamblea, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Aunque existen algunas iniciativas que intentan buscar soluciones, la realidad pone barreras que parecen infranqueables. Por ejemplo, en el Órgano Legislativo se decidió enfrentar las trabas al proceso electoral judicial, para lo cual se acordó reiniciar las pruebas orales para los postulantes a la magistratura judicial. Además, las comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural determinaron activar procesos contra los vocales que admitieron amparos debido a que incumplieron el artículo 126 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que deben resolver las mismas en un plazo no mayor a 24 horas. El senador Santiago Ticona mencionó que la jueza Olga Margarita Poma, del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº1 de Achocalla, en La Paz, es sindicada de incurrir en los presuntos delitos de prevaricato y usurpación de funciones.
Asimismo, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 2/3 de votos una «resolución camaral» de rechazo a toda decisión judicial que «suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma de continuidad y realización oportuna de las Elecciones Judiciales 2024». Inclusive, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, denunció la pasada semana que la mayoría de los amparos presentados contra el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales están «amañados» para favorecer a los denunciantes. En contacto con la prensa, Rejas afirmó que de ocho notificaciones de amparos presentados contra el proceso – todos por postulantes que quedaron inhabilitados-, cinco ya fueron analizados en audiencia y en solo uno los vocales dieron razón al Legislativo. A raíz de eso, el Presidente de la Comisión Mixta de Constitución denunció que existe un amaño entre postulantes y vocales para la definición de los amparos constitucionales y buscar perjudicar el desarrollo de las elecciones judiciales.
De todas maneras, Rejas considera que las decisiones de los tribunales no imponen una directa reversión de las inhabilitaciones, sino más bien una reconsideración de los casos en las Comisiones Mixtas. Ante esta situación, Rejas anunció la decisión de las presidencias de ambas comisiones de no participar más en estas audiencias y señaló que en las próximas horas se convocará a sesiones de las comisiones para continuar con el proceso de preselección de postulantes. Pero la amenaza judicial persiste. Para este lunes fue fijada una audiencia para la resolución de una acción popular en contra de la Ley 1549 transitoria para las Elecciones Judiciales. Se trata de un recurso de acción popular presentado por la abogada Yeny Dury Bautista, que denuncia la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección a las elecciones judiciales. Según la denuncia, no existen candidatas de Pando habilitadas al TCP, como dispone la Ley. De prosperar ese amparo puede afectar no solo parcialmente la fase de preselección, sino el proceso de las elecciones judiciales.