El Ministerio de Economía sostiene que la economía del país es buena, estable, con baja inflación y que el crecimiento económico va por buen camino. Pero la realidad que viven el ciudadano, los empresarios, y las propias entidades estatales viven otra realidad. Faltan insumos y hasta medicamentos; la escasez de dólares y otras señales, reflejan una situación, en todo caso, preocupante. El propio presidente Luis Arce, reconoció que «no hay de dónde sacar plata» y justificó la necesidad de obtener más créditos. Es urgente que el gobierno asuma la realidad y adopte medidas efectivas que hagan posible la reactivación económica atrayendo inversiones, aumentado las exportaciones, diversificando la producción, para lo cual es imprescindible la seguridad jurídica, es decir que se cambie el sistema judicial, hecho que puede devolver la seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros. La mayoría de los analistas considera que las perspectivas que se avizoran son poco alentadoras, si se toma en cuenta que para lograr una recuperación efectiva -luego de haber perdido más del 80% de las reservas Internacionales Netas (RIN), perdido gran parte de las exportaciones de gas natural, y retrocedido hacia una secuencia de déficits de varios años- se requiere de orden macroeconómico, administración eficiente y honesta del patrimonio, crear confianza en los gobernantes, y lograr seguridad jurídica, entre otros factores esenciales, que en este momento no existen. Para colmo de males, las perspectivas que los organismos internacionales asignan a Bolivia no son precisamente con los términos más favorables, ya que el Banco Mundial situó la perspectiva de crecimiento del país en 1,4%; mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecto que nuestro país alcanzará el 1,6% de crecimiento económico, ambos muy por debajo del 3.7% que proyecta el Gobierno.
La agencia internacional de calificación Moody’s, rebajó la evaluación de Bolivia de «Caa1» a «Caa3» y advierte que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones. En su último informe, la entidad cambió la perspectiva de las calificaciones para el país de negativa a estable. ¿Qué significa la calificación «Caa1» a «Caa3», para la economía de un país?: Títulos de baja solvencia: Riesgo de crédito muy alto, se asigna a títulos de baja calidad. Presentan riesgo de impago de capital intereses o haber incumplido ya dichos pagos. Ca: Títulos altamente especulativos que, generalmente incumplen sus obligaciones de depósito. C: La calificación más baja. Existen pocas posibilidades de recuperación
Las agencias de calificación de riesgo o agencias de rating realizan investigación financiera internacional y análisis de entidades comerciales y gubernamentales. Al igual que S&P y Fitch, Moody´s califica la solvencia de los prestatarios mediante una escala de calificaciones que valoran el riesgo de impago del emisor, es decir, informan del riesgo que supone invertir en un producto financiero determinado (letras del tesoro, bonos, acciones, etc.).
Las calificaciones Caa1, Caa2 y Caa3 significan de poca calidad y están sujetos a un riesgo crediticio muy alto. La nota indica que «los actuales desafíos de gobernanza y el mayor riesgo político interno han exacerbado las presiones de liquidez externa a niveles críticos; como resultado de una disminución persistente de las reservas de divisas que amenazan con una crisis de balanza de pagos».
Moody’s proyecta que en Bolivia se mantendrán niveles muy bajos de reservas de divisas, producción cada vez más reducida en el sector de hidrocarburos y un riesgo político interno elevado, lo que está afectando la gobernabilidad. «Los acontecimientos recientes han aumentado el riesgo de un ajuste desordenado de la balanza de pagos; y de que Bolivia no tenga suficientes divisas fuertes para garantizar el pago completo y oportuno de sus obligaciones de deuda externa y de sus importaciones», puntualiza. La agencia también hace referencia a la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Oro, que proporcionó al país un alivio temporal de liquidez en 2023; sin embargo, considera que el nivel de reservas sigue disminuyendo. También toma en cuenta que en la Asamblea Legislativa se han detenido algunos préstamos de instituciones de desarrollo multilaterales y bilaterales, debido a luchas políticas internas entre diferentes facciones del partido gobernante.
El informe señala que los préstamos proporcionarán un financiamiento esencial de cuenta corriente a corto plazo; sin embargo, no abordarán las necesidades a nivel externo a largo plazo. También advierte que «aunque los pagos de la deuda por dos bonos soberanos internacionales pendientes de Bolivia no vencerán hasta 2026, «las persistentes presiones de liquidez externa han aumentado los riesgos crediticios soberanos». Sin embargo, indica, que los riesgos al alza y a la baja para el perfil crediticio permanecen equilibrados; y resalta que las recientes medidas del Gobierno destinadas a apuntalar las reservas de divisas, que ayudarán a Bolivia a mitigar algunas de las actuales presiones crediticias a corto plazo. En febrero pasado, la calificadora Fitch también rebajó la proyección crediticia de Bolivia a «CCC».