Aproximadamente cuatro semanas que la serie de capítulos de la búsqueda de «Montenegro», sindicado como un posible «narcotraficante» con nexos con algunos policías de alto y bajo rango, magistratura, jueces y ahora algunos asambleístas del oficialismo, que lo protegían, colocó en primeras planas a los procesados exCnel., Gonzalo Medina y excapitán Fernando Moreira, luego a Pedro Montenegro, a su dama de compañía, Adriana M. y a los detenidos preventivamente por disposición de juez cautelar.
Sin duda que la población queda absorta por la peligrosidad del accionar del «cartel» criollo, con fuertes lazos internacionales.
El narcotráfico causa a los pueblos, a las sociedades, a hombres y mujeres de toda edad, innumerables y graves impactos, por constituirse en delito de lesa humanidad perseguible de oficio en cualesquier Estado, República, país, en el mundo.
Gravísimo que en Bolivia «Montenegro», acogiéndose al silencio guarde una especie de protección en la cárcel de Palmasola, cuando en realidad legal, jurídicamente, la sentencia dictada en su contra por un Juez de la República Federal de Brasil, tiene prioridad, preminencia y por tanto, una vez que se entregó voluntariamente, «dando a entender que llegó a un acuerdo con alguien», debía habérselo puesto a disposición de las autoridades policiales y judiciales de Brasil, mucho más cuando existe un pedido de extradición desde el año 2015.
Todo lo que está ocurriendo en cada uno de los capítulos de la serie ahí viene «Montenegro», ha ocasionado que la clase política se pierda en la nebulosa y no pueda hacer conocer sus propuestas a la colectividad boliviana.
El MAS esta contentísimo, seguramente, que «Montenegro» haya recapacitado después de tres semanas de intensa búsqueda por efectivos de la policía y los servicios de inteligencia del Estado, pero los que quedaron en la zaga fueron los candidatos de oposición que en lugar de hacer conocer su posición sobre los factores político económico psicosocial, tecnológico, se han dedicado a seguirle la corriente a lo que el Ministro de Gobierno y los diputados, senadores, del partido gobernante, dicen.
Acaso los partidos de oposición no tienen profesionales abogados que se dediquen a repudiar los pasos de la serial «Montenegro», denuncien y se pronuncien contra la inseguridad jurídica y ciudadana?
Los dirigentes políticos de las diversas posturas inscritas en el Tribunal Supremo Electoral debían hacer conocer a los bolivianos su posición con referencia a todas y cada una de las situaciones que afectan, con un proceso inflacionario, a los bolivianos.
Perdieron precioso tiempo. ¿El pueblo necesita saber qué políticas de Estado implementarían quienes pretenden ser Presidente y Vicepresidente de Bolivia? Ojalá reflexionen.