El día 14 de agosto arribará a La Paz-Bolivia, una delegación de la Corte Interamericana de DD.HH. (CIDH). La Comisión es fundamental para garantizar derechos en situaciones graves de violencia, desigualdad y erosión de la institucionalidad democrática. Su visita será ocasión para medir el estado de la desprotección de los derechos humanos en el país y la capacidad de la OEA de garantizarlos.
Concretamente, verificará dos hechos comprobables: el incumplimiento a los resultados del referéndum nacional del 21 F y el control institucional, por parte del régimen, que limita y suprime derechos políticos de bolivianos. El régimen afirmó «que la CIDH miente», dijo «que es un instrumento del imperialismo»; pero, paradójicamente, supeditó a la CIDH la interpretación final sobre la Sentencia del TCP que se «inventó» un derecho humano a la reelección indefinida de mandatos careciendo de competencia.
Por este motivo, la CIDH tendrá que pedir a la Corte Interamericana de DDHH la tramitación y el procesamiento prioritario de las denuncias presentadas contra el Gobierno al respecto y «la petición del gobierno» sobre «interpretación» de supuestos derechos humanos de reelección indefinida.
Si no se respeta la alternancia en los cargos públicos, no se respeta y no se pone en vigencia los Arts. 153.I. 165.I. 166.I.166.I. de la Constitución Política del Estado con referencia a que el derecho de género y equidad tiene que prevalecer, por respeto al sexo femenino, cuando señala y determina, que si el Presidente es de sexo masculino (varón), la vicepresidencia debe ser ejercida por una persona del sexo femenino (mujer), la Comisión tendrá que leer nuestra CPE y verificará que se violó dicho mandato en menosprecio, discriminación, a la calidad, cualidad, conocimientos y dignidad de la mujer boliviana. Acaso las Bartolinas Sisa no tienen derecho a ser elegidas en dicho cargo, o las mujeres mineras, profesionales, campesinas, indígenas, deben seguir siendo fieles al voto y nada más. Los opositores en lugar de estar lamentando la situación política del Estado deben leer la Constitución Política y defenderla.
A la CIDH le corresponde una reflexión sobre las causas, naturaleza y eventual desenlace de la crisis boliviana que se vislumbra inevitable. Debe comprobar el control del régimen sobre el aparato del Estado; es decir, el control de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral, incluidos las fuerzas de choque irregular denominados «talibanes», mientras que el ciudadano, convertido en opositor espontáneo, anda a pie y solo tiene el parcial control de la calle. De ahí, que la resolución de la CIDH es vital como urgente. El régimen tiene como discurso habitual rechazar la injerencia en asuntos internos porque su racionalidad política permite que delitos a nombre del poder permanezcan «en el olvido «. El presidente Morales tiene que escoger cuál historia va a repetir. Si será la trágica, inducida por los dictadores, o la propia historia con dignidad, que él mismo reclamó y obtuvo del pueblo su confianza cuando le confió su voto y que el 21 F rechazó tanto la modificación del Art.168 de la CPEP y la reelección de Morales y García Linera «ante pregunta elaborada por la ex Corte Nacional Electoral, actual Tribunal Supremo Electoral, avalada», entiéndase bien, garantizada, «por el Tribunal Constitucional». (Véanse las hemerotecas, videotecas y además los spots televisivos elaborados por el Ministerio de Comunicación de dicha época).
El presidente Morales debe comprender que sus propios «hermanos de la Corte Electoral como del Tribunal Constitucional elaboraron la pregunta» que le resultó adversa el 21 de febrero y obrar en consecuencia. Pese a sus reiteradas declaraciones sobre que una vez concluida su gestión el 2019 se iría, ahora se encuentra en campaña preelectoral.
Al parecer la división entre quienes rechazaron el prorrogismo y el régimen de los mismos en sitiales de cambio o trueque de Ministerios durante estos doce años, podría acentuarse y devenir en un estado «de violencia civil» como aseveró su exministro de Defensa, Remy Ferreira, que el pueblo no desea. Por ello es preciso que la Comisión de Derechos Humanos tenga en su poder la CPEP y comprenderá «la situación democrática» en Bolivia.