La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, encontró evidencias que confirman la falta de independencia en el sistema judicial. «La cuestión estructural que afecta a la sociedad boliviana toda entera es la falta de acceso a la justicia, por dos razones: la primera, falencias normativas y debilidades institucionales, y la segunda, por la ausencia de independencia judicial». Pero los representantes de este organismo evitaron pronunciarse sobre la situación de los presos políticos, dejando una estela de dudas, especialmente por la participación de uno de los miembros de la Comisión en un acto de desagravio a los exvocales del Órgano Electoral, responsables de los comicios anulados en 2019.
En su informe, los comisionados consideran que «en Bolivia, históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno; falencia sobre la que coincidieron todos los actores entrevistados durante la visita». De todas maneras, coincide con las demandas en Bolivia sobre la urgencia de realizar una reforma judicial. El informe añade que esta situación determina largos procesos penales, reiteradas extensiones de detenciones preventivas, personas con sentencias cumplidas sin orden de libertad y dificultades para la obtención de beneficios de libertad anticipada, por lo que considera la necesidad de una reforma judicial.
La comisión visitó cuatro ciudades en los 4 días que estuvo en el país. La vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, dijo que «Si bien la Comisión entiende que la polarización histórica que divide hoy a la sociedad se vio profundizada por las heridas abiertas en el 2019 estas solamente sanarán en la medida en que las altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos o sociales contribuyan con su discurso a un ambiente favorable».
La comisión visitó algunos recintos carcelarios y conversó con la expresidenta Jeanine Añez, con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y con el dirigente cocalero Apaza. Asimismo, tuvo encuentros con gremios de la prensa y de derechos humanos. En el informe se reitera «La existencia de tipos penales poco claros y objetivos tales como la sedición, el terrorismo y el incumplimiento de deberes, según testimonios recibidos en el marco de acusaciones de alrededor de 200 personas detenidas que se autoidentifican como presos políticos», dijo Troitiño. La comisionada Troitiño dijo que a raíz de la aprehensión del gobernador Camacho en diciembre de 2022 «se registraron episodios de fuertes enfrentamientos», con el «uso excesivo de la fuerza y por ello la Comisión reitera que la protesta social debe ser pacífica y condena todo tipo de violencia». Reivindicó el derecho a la protesta social pacífica, como un elemento esencial de la democracia. La CIDH anunció que efectuará el Informe Bolivia sobre el monitoreo de los derechos humanos en el país, en el que se harán conocer sus recomendaciones, y que se conformará una Mesa de Seguimiento a las sugerencias que se efectuarán.
En torno a su participación en un acto político realizado por el gobierno, el relator Joel Hernández aseguró que la imparcialidad de la CIDH no está comprometida «La imparcialidad de la Comisión no está, no estuvo ni estará comprometida. Seguimos fieles a nuestra naturaleza de autonomía e independencia», sostuvo. Agregó que «en ningún momento la comisión se ha pronunciado sobre las elecciones de 2019», pero sí se dedicó a «velar» por la «vigencia de los DDHH de todas las personas», explicó.
Otro tema que se tocó fue la situación de la libertad de expresión. «La CIDH nota la relevancia y despliegue de los medios de comunicación administrados por el Estado y su importante financiación, que contrasta con la crisis de sostenibilidad de los demás medios, así como reportes sobre cuestionamientos a la distribución de la pauta oficial», mencionó la primera vicepresidenta de la comisión. La Comisión considera que se observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa, pero que también recibió la información sobre falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia. La CIDH dijo también que le preocupa la escalada de agresiones a periodistas en los últimos años, particularmente en Santa Cruz.