Hoy se inicia una nueva etapa en lo diferendos que Bolivia mantiene con Chile. El escenario volverá a ser la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde nuestro país defenderá los derechos sobre las aguas del Silala, respondiendo a un juicio iniciado por los chilenos que pretenden que se trata de un rio de curso internacional, mientras la contraparte boliviana sostiene que es un manantial cuyas aguas fueron canalizadas artificialmente hacia el vecino país. Lamentablemente, como ocurre en la política internacional del país, la inconstante e inestable posición politizada, y las presiones chauvinistas conspiran para tratar el tema con objetividad, de manera que se defiendan los derechos basados en los intereses nacionales y la realidad, alejados de los compromisos ideológicos y partidistas, que llevaron al fracaso la anterior demanda ante la CIJ ala exponer argumentos errados.
Las misiones de los dos países desde hoy expondrán sus argumentos, ya que Bolivia en respuesta a la demanda de Chile presentó una contrademanda, que en principio había sido descartada por el gobierno del MAS. Esta vez el proceso -además de los juristas- incorpora la participación de científicos por ambas partes, quienes argumentarán la posición de cada país sobre las aguas del Silala. Asimismo, se presentarán exposiciones tanto virtuales como presenciales. La delegación boliviana está encabezada por el canciller Rogelio Mayta y el agente Roberto Calzadilla, diplomático de amplia trayectoria y se contará con abogados y expertos internacionales contratados para esta causa.
El juicio lo introdujo Chile luego que en el país se determinó utilizar las aguas del Silala para algunos proyectos, hecho que nunca se logró desarrollar. El reclamo de Chile pretendía desconocer el derecho de Bolivia de utilizar las aguas de este manantial en legítima aplicación de la soberanía nacional. En la nota diplomática, el gobierno chileno se manifiesta una reserva sobre una ley boliviana, argumentando que «ninguna normativa interna boliviana puede afectar los derechos que posee Chile sobre las aguas del Silala». Se trata de la ley 320 promulgada el 14 de diciembre de 2012, que establece que el Ejecutivo está encargado de «la preservación y el aprovechamiento gradual y progresivo de este recurso natural estratégico (Silala), debiendo definir un plan y programas para su uso adecuado y sustentable».
El tenor de la protesta, que fue publicada por el diario La Tercera de Santiago, señalaba que Chile solicitaba información sobre los proyectos que se anunciaron desde el Estado boliviano para aprovechar las aguas del Silala. Agregaba que en total fueron cuatro las notas enviadas a la cancillería boliviana con el fin de recabar información sobre los proyectos que se implementarán en torno a este tema. Es necesario señalar que cualquier decisión sobre explotación de recursos naturales dentro del territorio boliviano, está enmarcada en la soberanía nacional. Los bofedales del Silala están en territorio boliviano. Sin duda se trata de un acto soberano, ya que nuestro país es libre de dar el uso que vea conveniente a esos recursos hídricos, pero al mismo tiempo, es necesario tomar en cuenta que existen antecedentes sobre el destino de esos caudales, que involucra los intereses de Bolivia y Chile, más aún cuando se iniciaron negociaciones para darles un nuevo marco legal.
Lamentablemente, hay algunas contradicciones entre lo que se dice y hace en materia de política internacional, desde plantear una nueva agenda con Chile, y anunciar la voluntad de restablecer relaciones diplomáticas, para luego condicionar esa posibilidad a una salida al mar. Las contradicciones son las que desorientan y ponen interrogantes a lo que se hace y decide. Sobre el tema concreto del Silala, ya se efectuaron propuestas. El único aspecto que puede entrar en controversia, es la versión chilena que alega que se trata de un río de curso continuo. Bolivia sostiene que las aguas del Silala nacen en territorio boliviano son y son parte de un bofedal, y que fueron canalizadas artificialmente hacia Chile.
Pero el historiador, internacionalista y diplomático Ramiro Prudencio Lizón en un análisis sobre las negociaciones sobre el Silala, recomendaba precisión en los argumentos. Explicaba que es evidente que gran parte de las aguas que se dirigen al territorio chileno por el canal construido por la empresa del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia son nacionales, pero no se puede negar que algo de ellas habría llegado a ese país en forma natural, aunque no hubiese ese canal artificial. Es necesario tener presente que existen algunos documentos que avalan que el Silala se habría constituido en riachuelo antes de la construcción del canal. El principal de ellos sería el mapa adjunto al Tratado de Paz de 1904, el cual es parte integrante del mismo.
También sostiene que es un error considerar que Chile debiera pagar por 100 años de usufructo de las aguas. La concesión efectuada a principios del siglo XX por la Prefectura de Potosí para la construcción de un canal en el Silala, desde Bolivia hasta Chile, fue entregada a una empresa británica y no al Gobierno chileno ni a ningún consorcio de ese país. Esa entidad mantuvo el control del Ferrocarril por 100 años, y sólo a principios de los años 90 concluyó su gestión. De allí en adelante, Bolivia y Chile recuperaron la soberanía del mismo, cada uno en el sector de su territorio.
Precisamente en el preacuerdo que se negoció como parte de la agenda de 13 puntos, se estipula cómo se debe considerar la posesión de las aguas del Silala. Indica que el 50% correspondería, inicialmente, al Estado boliviano, el cual «lo podría utilizar en su territorio, o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile». Luego agrega que ese porcentaje podría ser incrementado a favor de Bolivia, de acuerdo con los estudios que se llevarán a cabo en el futuro. Pero ha sido otra cosa lo que se ha planteado ante la opinión pública, -más con un criterio político-electoralista, que técnico o legal, especialmente en Potosí- que puede llevar a confusiones internas, y a dificultades para sustentar posiciones en La Haya.