Bolivia alberga a aproximadamente 800 refugiados políticos provenientes de once países, en una tradición de solidaridad, que se genera desde que el país recuperó la democracia hace algo más de 35 años. Recordemos que en el pasado, miles de ciudadanos bolivianos se vieron forzados a pedir asilo en casi todos los países vecinos y de otras latitudes, ante la falta de garantías y debido a los riesgos para políticos y ciudadanos que eran considerados indeseables por los regímenes dictatoriales.
El Gobierno el pasado lunes expulsó a seis ciudadanos venezolanos que llegaron al país en los últimos días, supuestamente para participar en actos políticos conspirativos en nuestro país. Fueron apresados en total 14 ciudadanos venezolanos que se encontraban de forma irregular en el país. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a los venezolanos de haber ingresado ilegalmente y de haber hostigado y atacado la Embajada de Cuba, conspirando políticamente, inclusive dijo que admitieron haber recibido dinero por esta acción, supuestamente de periodistas. Romero informó que en el marco de normas legales se procede a la regularización migratoria. Dijo que 419 ya regularizaron su situación, de los cuales 71 son venezolanos, 75 cubanos, 95 brasileños y 183 de otras nacionalidades.
La llegada de ciudadanos venezolanos se incrementó en todos los países de la región por el éxodo masivo que se produce debido a la grave situación política y económica en Venezuela. En las últimas semanas se incrementó el ingreso de venezolanos que buscan como establecerse y lograr ingresos para mantener su estadía. Algunos realizan actividades comerciales, servicios y generan iniciativas para sobrevivir.
El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz, Jhonny Aguilera, manifestó que se están realizando operativos en diferentes puntos de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta que residentes venezolanos denunciaron a sus compatriotas que estarían incurriendo en algunos ilícitos en la zona Sur.
El asilo político es el derecho que tiene una persona a no ser extraditado de un país a otro que lo requiere para juzgarle por supuestos delitos políticos. La sede de embajadas o consulados, la residencia de embajadores y hasta los buques anclados en puertos extranjeros, se consideran lugares donde debe respetarse el asilo diplomático. En algunos países, los templos religiosos también son respetados como centros de asilo, como extensión del territorio del Vaticano.
La institución del asilo tiene una larga trayectoria histórica. Surgió como un asilo de carácter religioso, que amparaba a los delincuentes comunes. Luego se limitó a políticos perseguidos por sus ideas. Con la tesis de extraterritorialidad de las Embajadas y Legaciones se consolidó el asilo.
Así como nuestro país recibe refugiados, también debe respetar la voluntad de quienes se sienten perseguidos. Pero es necesario aclarar que una cosa es respetar, ampliar y fortalecer la condición de refugiado político o de asilo, y otra la de permitir que un país se convierta en espacio de protección de la impunidad.
El Gobierno ha protestado por el refugio que ofrecen EE.UU., Perú y Paraguay a opositores bolivianos sobre los que pesan cargos graves. Pero al mismo tiempo, ha amparado a extranjeros que tenían cuentas pendientes con la justicia en sus respectivos países. Perú se ha cansado de gestionar la extradición de un ciudadano peruano a quien la justicia del vecino país sigue un proceso por extorsión, y que inclusive fue asesor de Evo Morales y también de Samuel Doria Medina. Otro caso concreto fue el de dos ciudadanos paraguayos que encontraron refugio en Bolivia, pese a que eran buscados por la Interpol, sindicados del secuestro y asesinato de la hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas. Nada se sabe de ellos hasta el momento.
En cuanto al caso de los venezolanos, son miles los que están pidiendo asilo en varios países del mundo. A Bolivia acudieron por desesperación muy pocos.