El ambiente político de 2024 se presenta más enrarecido que el de la gestión pasada, debido a una serie de conflictos que polarizaron y agravaron las confrontaciones políticas, además de haberse creado condiciones para enfrentamientos entre quienes buscan la vigencia del estado de derecho y los grupos que alientan las transgresiones constitucionales con la prórroga del mandato de los magistrados del sistema judicial. A ello se suman la situación interna del partido que llevó al poder al presidente Luis Arce, la división del MAS y los cuestionamientos generados sobre una nueva candidatura de Evo Morales. Como si todo ello fuese poco, este será el año en el que se definirán los procesos revocatorios de los mandatos contra autoridades electas con alcance nacional. Durante el año pasado se presentaron 76 solicitudes, demostrando un amplio interés en cortar el ejercicio de altos funcionarios.
Algunos analistas, juristas y políticos consideran que se abusa de este recurso constitucional que da derecho a los ciudadanos de plantear procesos revocatorios. De las 76 solicitudes, 13 fueron rechazadas; una, archivada, 26 se encuentran en trámite y 36 quedan vigentes de acuerdo al informe institucional de 2023. La Constitución Política del Estado (CPE), permite como recurso para impulsar el ejercicio de la democracia directa, la posibilidad de que la ciudadanía pueda revocar el mandato de autoridades que no hayan cumplido sus responsabilidades ni sus promesas electorales. Pero los requisitos que se deben cumplir son difíciles de alcanzar y quienes iniciaron gestiones de esta naturaleza se quejan porque las condiciones prácticamente crean una barrera imposible para los ciudadanos. Solamente los partidos o entidades con poder político y económico pueden avanzar en estos procesos revocatorios.
De acuerdo a una explicación del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, revisada la documentación presentada por el o los impulsores de un proceso revocatorio, el TSE notifica con la aceptación o no del proceso. A partir de esa notificación, corre el plazo de 60 días para el llenado de libros de personas empadronadas en la jurisdicción. En el caso de autoridades nacionales las firmas deben alcanzar 25% del padrón electoral; pero para las autoridades subnacionales, debe alcanzar el 30% de los ciudadanos empadronados en sus regiones. Por ejemplo, el 18 de diciembre pasado se conoció del vencimiento del plazo de la recaudación de firmas para el revocatorio contra el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. El impulsor, en ese caso, fue el ciudadano Milton Mamani. El TSE archivó esa solicitud.
De acuerdo a informes del TSE, entre los alcaldes que fueron apuntados con el revocatorio están Jhonny Fernández, de Santa Cruz; Eva Copa, de El Alto; Adhemar Wilcarani, de Oruro; Christian Cámara, de Trinidad, y Jhonny Llalli, de Potosí. Este último se encuentra con detención preventiva. En el caso de Reyes Villa, promovida por Giorgio Terrazas, comerciante, corre un plazo de 90 días para recolectar más de 150 mil firmas con el respaldo de las huellas dactilares de los posibles adherentes. Reyes Villa fue electo por la agrupación SÚMATE con el 55,63 por ciento de votos, para revocar su mandato, de llegarse a esta etapa, deberá obtenerse un mayor porcentaje.
En el caso de la alcaldesa Copa, se tienen que recolectar más de 210 mil firmas con las respectivas huellas dactilares. En el año 2021, Copa ganó las elecciones en el municipio alteño con el 66,8 por ciento. Para revocar a Fernández en Santa Cruz de la Sierra se requiere recolectar algo más de 325 mil firmas. La actual autoridad ganó con el 35,41 por ciento con una diferencia de 6.277 votos sobre su inmediato seguidor Gary Áñez que logró captar el 34,72 por ciento.
Algunos de los gestores de esta iniciativa ciudadana consideran que el proceso revocatorio tiene candados difíciles de abrir. Es cierto que cualquier ciudadano u organización puede iniciar el proceso, pero superar las barreras es casi imposible. Además, el revocatorio solamente se puede activar en una sola ocasión durante el periodo constitucional de una autoridad cuestionada. Evo Morales promovió un proceso revocatorio en su contra cuando tenía un amplio respaldo popular. En 2018, un proceso llegó a las urnas en Bolpebra, pero el Órgano electoral no lo validó.
El artículo 240 de la Constitución Política del Estado (CPE) permite que toda autoridad electa puede ser revocada con la excepción en el Órgano Judicial. Además, señala que la revocatoria se puede solicitar cuando la persona elegida haya cumplido al menos la mitad del periodo de mandato, y no se puede hacer esta petición durante el último año que está a cargo. Para que proceda en proceso revocatorio, además de cumplir todos los requisitos, en las urnas el SÍ debe lograr un porcentaje de votos válidos superior al número y porcentaje de votos que recibió la autoridad cuando fue elegida.