La destrucción de la institucionalidad ha dado como resultado un permanente conflicto de poderes en el país, y ha desatado una crisis institucional que vulnera las atribuciones entre los Órganos del Estado, que han perdido sus facultades legales, y resignado sus prerrogativas frente al abuso del poder. La resignación frente a esta situación se constituye en cómplice de los efectos de este conflicto permanente que se refleja en el deterioro institucional y de una permanente vulneración de los principios democráticos. Este proceso destructivo se inició con el sistema judicial que ha quedado subordinado al poder político. Diversas instituciones dependientes del Estado son manejadas discrecionalmente mediante la designación de autoridades eludiendo los procedimientos legales. Ahora, en criterio de parlamentarios, se ha cercenado la atribución fiscalizadora al órgano Legislativo, mediante una chicana, utilizando un Amparo Constitucional, que impide la interpelación y censura a los ministros.
Bancadas de la oposición cuestionaron el recurso legal que presentó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, al que adhirieron otros ministros, requiriendo la suspensión de las interpelaciones como medida cautelar. Como consecuencia de la aceptación de la Acción de Amparo Constitucional, los ministros de Estado no podrán ser interpelados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, aceptó el recurso legal. La Red UNO, en un reportaje, analizó los alcances de este recurso legal, explicando que la decisión fue argumentada por un vacío jurídico en la Ley 1350, que regula los efectos de la censura, concretamente el artículo 4. «(IMPOSIBILIDAD DE DESIGNACIÓN). I. La Presidenta o el Presidente del Estado, no podrá designar como Ministra o Ministro a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido censurada o censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres años posteriores a su destitución.» Al menos ocho ministerios, solicitaron la suspensión de las interpelaciones como medida cautelar en su condición de terceros interesados. Este trámite de amparo constitucional iniciado por el ministro Marcelo Montenegro, se originó a raíz de su inasistencia a una Petición de Informe Oral convocada por la Comisión de Política Social, el pasado 27 de abril, a objeto de explicar el desempeño de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Por la falta, esa comisión derivó a la autoridad a una interpelación, que debía efectuarse el 16 de agosto, misma que fue suspendida debido al amparo constitucional.
Sin embargo, la Comisión de Política Social, por unanimidad, resolvió fijar el 6 de septiembre de 2023 fecha para que el ministro de Economía y Finanzas preste su Informe Oral ante esta instancia. Esta posición confirma un conflicto de poderes. De igual forma, se determinó remitir notas al presidente del Órgano Legislativo, David Choquehuanca Céspedes, haciendo conocer la «negligencia» desde la Presidencia de Diputados afectando la institucionalidad del primer poder del Estado o la pretensión de judicializar toda acción fiscalizadora.
Parlamentarios de oposición afirman que mediante estos recursos se está dando un golpe a la democracia, por lo que anunciaron el inicio de procesos por prevaricato contra los magistrados involucrados. La Bancada de Creemos, denunció mediante un comunicado, que se está dando «un nuevo golpe dictatorial contra la democracia y el primer Órgano del Estado, mediante una aberrante manipulación judicial»… «El Gobierno de Luis Arce se rehúsa a rendir cuentas mediante el mecanismo constitucional de la interpelación», refiere el comunicado.
Al respecto, el diputado por Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, manifestó que la determinación responde a los intereses del poder para evitar que la población, representada por la ALP, pueda interpelar a sus autoridades. «El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ha dado un golpe a la democracia y a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, la resolución ha cercenado la facultad de interpelación en contubernio con la justicia constitucional», puntualizó. Frente a estas acciones, dijo que se formalizará un proceso contra los magistrados que resolvieron dar curso a la acción de amparo constitucional interpuesta por el titular del Ministerio de Economía. De acuerdo con el calendario, el 6 de septiembre debía ser interpelado el ministro de Energía e Hidrocarburos; el 13, el ministro de Medio Ambiente y Agua; el 20, el ministro de Gobierno; en tanto, el 13 y 20 el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. «Lo que se ha buscado con esto y lo han logrado a través de esa resolución es proteger a los ministros de Luis Arce, pero para protegerlos han dado un golpe a la democracia, un golpe a la ALP y al pueblo boliviano, porque la facultad de fiscalización lo hacemos por un mandato constitucional», sostuvo Pedrazas.