El Congreso de Perú aprobó la reforma total del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) antes de afrontar este miércoles la cuestión de confianza que planteará el primer ministro, César Villanueva, para exigir la aceptación de un paquete de proyectos de lucha anticorrupción en el país.
Después de que el presidente Martín Vizcarra anunciara este domingo que sometería los proyectos a la cuestión de confianza, que de ser rechazada podría desencadenar en el cierre constitucional del Congreso, los legisladores apretaron el paso para aprobar la primera norma que recibieron a fines de julio pasado.
Entre los proyectos de Vizcarra figuran, además de la reforma de la Judicatura, la prohibición de la reelección de congresistas, el establecimiento de las cámaras de senadores y diputados, y nuevos parámetros para la financiación de los partidos políticos.
En ese sentido, tras un dictamen de las comisiones de Justicia y Constitución, el pleno del Congreso aprobó la reorganización total del CNM, un organismo intervenido en julio pasado en medio de una crisis de corrupción en la Judicatura.
La norma modifica los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución peruana, por lo que requiere de la votación aprobatoria en una segunda legislatura o ser sometido a referéndum, tal como ha planteado Vizcarra que se haga.
El proyecto estableció que el CNM se convertirá en la Junta Nacional de Justicia, conformada por siete miembros titulares por un período de cinco años, quienes nombrarán y evaluarán a todos los jueces y fiscales del país.
Indicó también que los jueces y fiscales que no sean ratificados en sus cargos o sean destituidos no podrán reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.
Tras la aprobación, la legisladora fujimorista Rosa Bartra, quien preside la comisión de Constitución, elogió el consenso alcanzado y dijo que en el Congreso «ha mejorado» la propuesta del Ejecutivo.
El portavoz de la bancada del partido oficialista Peruanos por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, también destacó que la nueva ley se haya aprobado «más allá de algunas discrepancias».
Violeta reiteró, sin embargo, que la ratificación de la reforma constitucional debe ser sometida este año a un referéndum, conforme al pedido del presidente Vizcarra.
El proyecto fue aprobado mientras cientos de integrantes de colectivos civiles, sociales y políticos marchaban por el centro histórico de Lima para manifestar su apoyo a las reformas presentadas por el Ejecutivo y exigir el cierre del Congreso.
Al anunciar su decisión de convocar de manera extraordinaria al pleno del Parlamento para este miércoles, Vizcarra acusó al partido fujimorista Fuerza Popular de boicotear, dilatar y desvirtuar sus proyectos de reforma.
Sin embargo, este lunes el presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, le ofreció un «nuevo entendimiento y diálogo sobre todo para beneficio del país».
En concordancia con esa postura, el congresista fujimorista Miguel Torres aseguró que Fuerza Popular aceptó apoyar y aprobar la reinstauración de las dos cámaras en el Congreso y la prohibición de la reelección de los legisladores.
En medio de este escenario, el primer ministro se presentará ante el pleno para sustentar un segundo pedido de confianza del actual régimen, ya que Vizcarra asumió en marzo en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski porque era su vicepresidente y ambos forman parte de un mismo Ejecutivo, elegido para el período 2016-2021.
El 15 de septiembre de 2017, durante el Gobierno de Kuczynski, quien luego renunció por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, el entonces primer ministro Fernando Zavala planteó una primera cuestión de confianza que fue rechazada por el fujimorismo, por lo que tuvo que dejar el cargo.
La Constitución peruana establece que, si el Congreso niega la confianza a dos Gabinetes en un mismo Gobierno, este puede disolver la cámara y convocar a elecciones legislativas en un máximo de cuatro meses.