El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso este jueves que el Parlamento reanude el proceso de preselección de postulantes a los altos tribunales del país, paralizado desde mediados de abril debido a distintos recursos judiciales interpuestos por algunos de los aspirantes.
El tribunal dictó una sentencia que deniega la tutela otorgada por una sala constitucional del departamento de Pando a una acción popular que presentó una dirigente indígena de esa región, quien sostuvo que la convocatoria vulnera los derechos de las mujeres indígenas.
El dictamen establece «denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada».
Asimismo, exhorta a que el Legislativo «garantice el derecho constitucional de las mujeres, naciones y pueblos indígena originario campesinos a participar en los órganos e instituciones del sistema de justicia, así como la igualdad, equidad y paridad de género».
«A partir de dicho fallo (…) no existiría un impedimento para que, de forma general se continúe con el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales», aclaró el TCP en sus redes sociales.
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Juan José Jauregui dijo que es «una decisión adecuada» que da solución a la determinación de la sala constitucional de Pando.
El legislador aclaró que quedan pendientes «varios amparos constitucionales» que tienen tutela y que el Parlamento tiene que resolver para que el proceso de preselección de postulaciones se reanude.
Los comicios judiciales debían realizarse el año pasado y el mandato de los magistrados culminó a principios de 2024, después de seis años en funciones, pero la elección en 2023 no prosperó por los recursos legales contra la convocatoria y debido a la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición.
En diciembre del año pasado, los magistrados del Tribunal Constitucional extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un «vacío de poder» hasta que se realicen nuevas elecciones.
La prórroga de los magistrados generó que los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), también del MAS pero distanciado de Arce, realicen fuertes bloqueos de caminos durante 16 días en algunas regiones del país.
Las protestas terminaron cuando el Parlamento determinó una nueva ley de convocatoria a elecciones judiciales que luego fue firmada por el presidente Arce, aunque el proceso de preselección se volvió a paralizar en abril.
La Constitución vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo.