Es comprensible el apuro del gobierno para restaurar la normalidad, pero no se entiende las prisas por algunas medidas para luego recular al reconocer errores, o la presteza por acelerar proyectos transgénicos, mineros, petroleros y otros que no pasan de simples esbozos, cuando hay dos asuntos de vital importancia como son: enfrentar el coronavirus y solucionar la crisis política económica que amenaza con desembocar en un vacío de poder y la nueva insurgencia del pueblo para retornar a un estado de derecho que garantice estabilidad y decisión para no permitir el retorno de autócratas.
Hasta ahora en el mundo no hay una cura efectiva para el coronavirus, solo se experimenta con algunos medicamentos que señalan mitigan sus efectos. Hay esfuerzos de la ciencia en busca del antídoto, varios países asumieron como objetivo central lograr este año una vacuna, pero mientras tanto la pandemia se extiende por el planeta y no todos los gobiernos actúan con responsabilidad frente a la situación, ni la gente responde cuidando su vida, contrariamente, se expone al contagio.
En todos los gobiernos demócratas del planeta hay coincidencia en que el derecho a la salud está por encima de cualquier otra consideración, asumen que el derecho a la vida está íntimamente ligado a una economía saneada que permita a la sociedad una actividad digna.
Esta es una ecuación que no ha podido ser resuelta en los hechos, aunque para los políticos, sobre todo de esta parte del Continente, la solución está en las eternas promesas, aun a sabiendas que no las cumplirán.
En nuestro país, además, hay un componente político electoral que eleva el riesgo del coronavirus a categoría de inminente peligro múltiple.
En ese ambiente internacional que incide en la problemática de Bolivia se desarrolla el debate del gobierno central con los municipios y las regiones sobre si «merecen» ascender de categoría para poder trabajar y generar recursos para sobrevivir, o permanecer en la cuarentena rígida.
Es una discusión que parece poner en el escenario la alternativa de: enfermar hasta morir por el coronavirus, o llegar a la inanición por hambre, sin posibilidad a disyuntivas.
En el debate de hace una semana, se definió que la ciudad de La Paz, El Alto, Santa Cruz y otras capitales de departamento, «prosiguen en el rango de Riesgo Alto por lo que deben continuar en cuarentena total», al menos por una semana más. En total hay 62 municipios de alto riesgo, avanzan los preparativos para dar paso a actividades diversas.
Lograr un balance entre la enfermedad y la pobreza no es un problema propio de Bolivia, ya que gran parte de los países latinoamericanos se debaten en este momento entre salvar su economía o la salud de la gente.
La diferencia está en que algunos gobernantes de Sudamérica tienen la capacidad económica y la estructura hospitalaria para hacer frente al coronavirus, otros, menospreciaron la gravedad y las consecuencias, los menos por irresponsables, reaccionaron tarde, y también hay gobiernos, como el nuestro, que encontraron condiciones de carencia de recursos económicos para el sector salud, hospitales, técnicos, de equipamiento y de personal para hacer frente a la epidemia y no la denuncia a través de declaraciones de sus ministros, para que la memoria del pueblo asimile la pésima administración de la cosa pública por el anterior ex gobierno.
Además de reaccionar tarde al gestionar equipos médicos, cuando hay más de tres mil contagiados y decenas de muertos.
Para colmo de males, se afirma -por galenos especializados en epidemiologia- que se compraron equipos «que no son los adecuados».
Mientras, el ministro de salud hace proyecciones anticipando que en diez días más tendremos seis mil contagiados, poco o nada se hace por contar con hospitales previa licitación publica nacional e internacional, equipos y personal suficiente para la magnitud de la situación. Para colmo de males, es preocupante la decisión del gobierno, que antes de conocer la real situación de la pandemia en territorio nacional, por carencia de pruebas, test, decide medidas contraviniendo las precauciones y necesidades de las principales ciudades que piden flexibilización de la cuarentena rígida.
Esas contradicciones, contra el principio de que primero está la salud de la población, dan pie a que el MAS intente justificar sus acciones desestabilizadoras, demandando que se levante la cuarentena y se realicen las elecciones en forma inmediata.
Los anuncios del gobierno de iniciar la cuarentena «dinámica», obedece a un criterio eminentemente comercial-productivo.
Hasta el momento no hubo justificación técnica y menos científica de por qué se autoriza a algunos sectores a trabajar y a otros tenerlos en la incertidumbre provocando la quiebra de muchas empresas.
No hay políticas ni estrategias de Estado para combatir la pandemia sino, al parecer, como dicen el ex presidente y los masistas incrustados en el gobierno de Añez, es «un pretexto» para quedarse en el poder destruyendo la economía de las empresas privadas, lo que significaría una actitud política de tipo socialismo siglo XXI.