El borrador de un exhaustivo censo elaborado por el Gobierno indio en una región del noreste del país tiene en vilo a cuatro millones de personas que no han podido probar que residen en el país desde antes de 1971 y que, de repente, han amanecido siendo «ciudadanos fantasmas».
El censo, conocido como el Registro Nacional de Ciudadanos (RNC), busca registrar a las personas que pueden demostrar que llegaron al estado de Assam, en el noreste de la India, antes del 1971, cuando se declaró la independencia en el vecino Bangladesh.
La puesta en marcha del proceso sobre los ciudadanos se sostiene en una legislación de hace más de treinta años diseñada limpiar Assam, un estado que hoy cuenta con más de 30 millones de habitantes, de inmigrantes indocumentados.
Durante los últimos años, la India ha intentado tapar su extensa y populosa frontera con Bangladesh para cortar la inmigración ilegal de personas de bajos recursos económicos que cruzan la línea divisoria entre ambos países para visitar a familiares, adquirir suministros o buscar trabajos.
El Gobierno indio ha insistido en asegurar que el censo divulgado ayer es solo un borrador y que «los ciudadanos indios» -que tienen como probarlo- no deben preocuparse, además de descartar medidas coercitivas o deportaciones hasta que no se haya completado el proceso.
«Por ahora, el Gobierno ha dicho que habrá un proceso de apelación. Pero es extremadamente preocupante que casi cuatro millones se conviertan en apátridas. Las autoridades no han dicho qué acción seguirán, causando gran incertidumbre», dijo la directora de Human Rights Watch para el sur de Asia, Meenakshi Ganguly.
«Las autoridades indias deben garantizar la plena protección de los derechos», añadió.
Por su parte, el ministro de Interior indio, Rajnath Singh, explicó durante una intervención en el Parlamento que todos tendrán oportunidad de presentar sus reclamaciones según lo dispuesto en la ley y que no será hasta después de esto que se publicará el RNC final.
El director en la India de Amnistía Internacional (AI), Arijit Sen, expresó también su preocupación sobre este proceso que puede convertir a «un número significativo de personas en apátridas».
«Es posible que el proceso prive arbitrariamente a las personas que han vivido en India durante décadas de su nacionalidad (…) Se debe tener cuidado para asegurar que las familias no sean separadas, y que se proporcione asistencia legal apropiada a aquellos que están en riesgo de perder su nacionalidad», indicó en un comunicado.
Las preocupaciones de AI giran en torno al destino de aquellos que pueden perder su nacionalidad como consecuencia de este proceso, que hasta ahora no está claro.
«India ni siquiera tiene un acuerdo con otros países, especialmente con Bangladesh, sobre la deportación. Es crucial que el Gobierno haga público su plan para tratar con aquellos que corren el riesgo de ser convertidos en apátridas y garantizar que sus derechos no sean violados», apuntó en el texto.
El abogado Aman Wadud, que ha apoyado algunos de los casos en la ciudad de Guwahati, la más populosa de Assam, aseguró que del número total de excluidos los casos más vulnerables son los de mujeres y niños, aunque, dijo, la demografía de los datos no ha sido publicada.
Wadud subraya como su «única preocupación» el hecho de que «la mayoría de la gente es pobre y analfabeta», y que deberán someterse a un proceso riguroso antes de ingresar a la lista, lo que rescata también la situación de muchas personas que viven en zonas sin accesos a los registros y que deberán probar igualmente su procedencia.
De los más de treinta millones de personas que se han sometido a este proceso, hasta ahora 28 millones de candidatos han aprobado, frente a los otros cuatro millones, un número que equivale a casi toda la población de Croacia, que hoy están en el aire y alarman el riesgo de una crisis.