Nuestro país sufre un temporal que ha excedido todas las previsiones y ocasionado daños y perjuicios difíciles de cuantificar, que tienen que ver con el cambio climático, el fenómeno de El Nino y la estación lluviosa que es recurrente y muchas veces, evidentemente, ocasiona desastres. Esas son las causas naturales, pero además, hay otras que tienen que ver con la negligencia de la gente al construir viviendas en lugares de riesgo, obras que no toman recaudos y generan deslizamientos, imprevisiones de las autoridades y reacciones tardías frente a calamidades. Pero además hay otras acciones criminales que atentan contra la naturaleza como los incendios forestales provocados, y la minería que en su tarea depredadora deposita escombros en los lechos de los ríos, obstruye el curso de las aguas y las contamina.
En el caso de hechos atentatorios a la naturaleza y a la seguridad de la población, el Gobierno informó que investiga si hubo actividades de minería ilegal que contribuyeron al reciente desbordamiento de ríos en el noroeste del país. Por ejemplo, en Cobija, el desborde del río Acre afectó a más de 150 familias que vivían cerca de sus orillas. En Bolpebra, en la frontera con Brasil y Perú, la situación es similar. Ocho toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen alimentos básicos y agua embotellada, fueron enviadas a Cobija para atender a las familias afectadas. Además, las lluvias dejaron graves afectaciones en localidades como Guanay, en el departamento de La Paz.
Según la agencia de noticias EFE, el ministro de Minería, Marcelino Quispe, anunció que una comisión de esa entidad, junto a representantes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y del Ministerio de Gobierno evalúan «algunos desastres naturales» registrados en los últimos días en esas zonas del norte de La Paz. «Una vez evaluado, se van a tomar las medidas correspondientes para que, si es minería ilegal, no se vuelva a producir esto», aseguró Quispe y agregó que se intervendrá lo antes posible para erradicar estos focos de actividades ilícitas en el norte paceño.
La autoridad señaló que el problema debe afrontarse jurídicamente y que también se analizará si se debe realizar una pausa en las actividades mineras en esas áreas. Según Quispe, una delegación de su oficina, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la AJAM ya realizó una inspección en la localidad de Tipuani, también en el norte de La Paz, tras una riada ocurrida en enero en esa zona. Esa inspección determinó «que algunas labores de cooperativas» mineras «habrían incidido negativamente al reventar sus reservorios, sus diques de agua», lo que hizo que aumente el caudal del río Tipuani y causará desastres en las viviendas que están a orillas del afluente.
El alcalde de Guanay, Víctor Ticona, pidió ayuda al Gobierno nacional y aseguró que al menos unas 3.500 familias quedaron afectadas por la inundación. El Viceministerio de Defensa Civil informó sobre el desplazamiento de 53 militares para realizar operaciones de evacuación a las familias damnificadas y limpieza de viviendas y calles, tras las inundaciones que provocaron el desbordamiento de los ríos en Guanay.
Recordemos que la actividad minera ilegal se ha establecido en los ríos del norte del país y la Amazonia. Son varios centenares de cooperativas auríferas y explotadores ilegales que se dedican a la producción de oro, centenares de dragas operan en los ríos, mientras en la labor del rescate del oro se utiliza mercurio, que es altamente contaminante y peligroso para la población civil y los propios productores. Además, la obstrucción y afectación del curso de los ríos, representa un riesgo mayor cuando se producen lluvias intensas, como en la actualidad.
El Gobierno ha desplegado equipos de ayuda humanitaria a todos los lugares donde se han producido inundaciones y mazmorras. El Viceministerio de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que, por las intensas lluvias, 15.840 familias fueron afectadas y 40 personas fallecieron. «En el territorio nacional tenemos a 227 comunidades afectadas, Las intensas lluvias provocaron riadas, inundaciones, deslizamientos, mazamorras y otros desastres que afectaron a 418 viviendas y destruyeron completamente a 786 casas. La Paz es el departamento más afectado, según ABI. Según los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y con la emisión de alertas roja y naranja, en los próximos días, se podría enfrentar la «situación más crítica», advirtió. Ante esta situación, la autoridad exhortó a los gobiernos regionales a activar los mecanismos para que el Gobierno nacional pueda intervenir en una posterior reconstrucción en casos de desastres.