En Bolivia, en el transcurso de formación normativa, desde sus orígenes históricos como nación, estuvo vigente con un procedimiento que sustentó una violación estructural de los derechos fundamentales, siendo especialmente evidente en el ámbito de la administración de justicia.
Existen grupos sociales, como los trabajadores de bajos ingresos salariales, que en muchas ocasiones no cristalizan en forma concreta sus pretensiones sociales, por falta de dinero. Una muestra clara de estos son las peticiones de beneficios sociales como efecto de despidos injustificados u otros, que en algunas ocasiones lo demandan ante el Ministerio de Trabajo y el empleador rehúsa cancelar lo que legítimamente le corresponde e inclusive rehúsa asistir a esta instancia conociendo que la misma es simplemente conciliadora por cuanto el trabajador por falta de dinero para pagar los honorarios a un abogado estará imposibilitado de reclamar ante instancias judiciales sus derechos laborales.
La justicia debe ser el principal garante de los derechos humanos, sin embargo, aún no se ha comprendido la importancia de organizar un Servicio Público de Defensa Legal, gratuito y eficiente, con cobertura nacional, que preste sus servicios en materia laboral a la gran población que no puede contratar a un abogado defensor privado y que, por tanto, se encuentra en un estado de total indefensión.
Por lo que la importancia de la Defensa Pública resalta en el entendido de que los derechos de las personas fuera o dentro del proceso necesitan ser protegidos por un abogado defensor o, en ausencia de este, por un servicio de defensores públicos gratuitos. Su misión fundamental será el de garantizar el debido proceso; la igualdad entre las partes y un juicio justo.