El contrabando es uno de los factores que más daños ocasiona a la economía nacional y a la sociedad en su conjunto, porque compromete en esta ilícita actividad a aproximadamente dos millones de personas y conecta sus alcances con otras tareas del crimen organizado. Los perjuicios que ocasiona son de amplio alcance y tiende a crecer desmesuradamente, por lo que es necesario que se adopten medidas urgentes que frenen estos ilícitos que mueven miles de millones de dólares y evaden el pago de aranceles e impuestos, que podrían servir para para mejorar los servicios básicos, la salud y la educación en el país. La pasada semana se ha realizado un seminario internacional denominado «Del Comercio Informal al Crimen Organizado: Los Desafíos de la región frente al contrabando», evento que fue posible por iniciativa de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la firma consultora Rodríguez & Baudoin.
En el seminario diferentes autoridades de la actividad comercial, industrial y productiva del país, así como representantes del gobierno revelaron las cifras que mueve el contrabando qué son realmente preocupantes. Se dijo que en 2022, el contrabando movió más de tres mil 300 millones de dólares y, en la actualidad, ya alcanzó los tres mil 600 millones de dólares. El contrabando amenaza con acabar con 2.6 millones de empleos legales en el país. Más de 100 mil personas están vinculadas a esta actividad ilícita en las fronteras, y aproximadamente dos millones de personas trabajan con productos de contrabando.
El asesor de la CNI Hugo Siles reveló, con base a estudios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que el valor que mueve el contrabando equivale al 7,96% del PIB, y su crecimiento es preocupante. En 1999 representaba 1.000 millones de dólares anuales, es decir que se incrementó en 203% desde entonces. El año pasado, la evasión tributaria por IVA y Gravamen Arancelario (GA) del contrabando llegó a 930 millones de dólares, y creció 8,72%, que representa el doble del ritmo del crecimiento de la economía. Siles señaló que este delito y su competencia desleal afecta a 38 mil industrias del país y a 600.000 empleos formales, frena la reactivación económica, provoca la desindustrialización evade impuestos, fomenta y actividades delincuenciales.
En el seminario se sugirió la necesidad de aplicar medidas para frenar esta actividad, y que es una necesidad urgente modificar el Código Tributario para bajar de 200.000 UFV a 50.000 UFV el valor del monto evadido para que sea considerado como delito aduanero. También se debe modificar los numerales 301 y 31 del artículo 26 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales para que los municipios participen de la lucha contra el contrabando. Según autoridades del gobierno ya se analiza un proyecto de ley en esa dirección, pero consideran que se debe socializar los ajustes normativos con el comercio y los gremiales.
Mientras tanto el contrabando de vehículos continúa y hasta se detectó hace poco en Oruro una caravana con cerca 30 camiones de contrabando que superó la barrera de la aduana y de los militares. En el seminario las autoridades informaron que de Chile, a través de 50 puntos de entrada ilegales, se introducen 1500 tipos de mercadería, ropa usada, línea blanca, línea negra, vehículos indocumentados, alimentos variados, medicamentos y otros. En el caso de Perú hay 27 puntos de ingreso ilegales por donde se internan alimentos agrícolas, ropa con marcas falsificadas, y productos en general.
También se informó que el narcotráfico no solo pasa las fronteras mediante diversas maniobras, sino que también compra vehículos ilegales y otros productos pagando con droga. El narcotráfico ha crecido en nuestro país por la tolerancia a la producción ilegal de coca. El desvió de esa producción se va al narcotráfico que creció en poder y se introdujo en instituciones claves del Estado. Hoy abiertamente se gestiona que se despenalice la coca a nivel internacional, mientras se multiplican los ajustes de cuentas y las denuncias de protección al narcotráfico.