Con votos de opositores y de los propios parlamentarios militantes del MAS, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la censura al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como consecuencia de la interpelación por el «tráfico de vehículos robados en Chile y comercializados ilegalmente en Bolivia». El ministro se defendió de la acusación, intentando proteger su cargo, pero en ese intento hizo conocer hechos que complican la responsabilidad del Estado, ya que reveló, en detalle, la existencia de por los menos 70 ferias donde se comercializan motorizados, se supone legales y «chutos». Cabe preguntarse, ¿de quién es la responsabilidad de controlar el ingreso ilegal y la comercialización de automotores, si no es del gobierno? Es verdad que son varias las dependencias encargadas de esta misión específica, pero el ministro eludió salvar su situación señalando a los directos responsables. Lo que trascendió es que renunció al cargo para facilitar la decisión que tome el presidente Arce. Además, ya sea por lealtad o cálculo político el ministro se limitó a presentar datos estadísticos e informes policiales, sobre los factores en el ingreso de autos robados en el exterior, señalando que no son completamente responsabilidad del Ejecutivo.
Según el informe que dio el ministro de Gobierno, existen ferias o playas de comercialización de vehículos identificadas en todos los departamentos. En Cochabamba existen 15 ferias, en La Paz 14, en Santa Cruz 12, en Chuquisaca 9, en Beni 9, en Pando 5, en Oruro 4 y en Potosí 4. El ministro indicó que «las diferentes Direcciones Departamentales de DIPROVE en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, realizan patrullajes e intervenciones preventivas y sorpresivas. Lo que no expuso es el resultado de esas intervenciones.
Las explicaciones de Del Castillo, fueron insuficientes para satisfacer a los peticionarios del informe, que dislocaron sus consultas hacia otros temas, y en esa línea, algunos asambleístas justificaron su voto por la censura al observar la gestión del ministro por dejar que el Presidente de Bolivia entregue un auto robado a una institución pública; por avergonzar al país; por los policías asesinados; por reprimir y perseguir a los cocaleros y dirigentes de Adepcoca; por perseguir a los dirigentes cívicos; por la represión en los 36 días de paro en Santa Cruz; por el maltrato a la Presidente de Derechos Humanos, por las represiones en general, además de mencionar el «narcovuelo» de BoA, y otros temas.
El resultado fue que 101 asambleístas votaron a favor del orden del día motivado, que implica la censura al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Pero los análisis políticos en algunos medios de comunicación, recordaron antecedentes que dan pie a la destitución seguida de una nueva designación de la autoridad censurada. La sentencia constitucional 0020/2023 del 5 de abril de este año dispone que el presidente puede restituir en su cargo al ministro destituido por efecto de una censura proveniente de la Asamblea Legislativa.
En ese marco legal, político y de coyuntura -que el presidente Arce cumpla el procedimiento y cambie al ministro o le ratifique su confianza- es un asunto de mucho peso que implica directas derivaciones que van, desde debilitar más la precaria relación con el Órgano Legislativo, hasta perder autoridad y ceder su prerrogativa presidencial de designar a los miembros de su gabinete. También puede interpretarse como un triunfo de la presión del ala del MAS afín a Evo Morales en la pulseta por el liderazgo en esa fuerza política, o en la otra dirección, demostrar que el presidente Arce gobierna y decide.
La situación actual que enturbia el ambiente político permite también explorar sobre las expectativas de la oposición que en el embrollo actual tiene alguna participación por haber iniciado la interpelación al ministro Del Castillo. En los cálculos de las fuerzas de oposición probablemente se tejen ideas como un logro satisfactorio, por haber sido parte de esta eventualidad. Parlamentarios de agrupaciones de la oposición han declarado efectivamente su satisfacción por el «deber cumplido» al haberse conseguido la censura. Pero en los hechos, algunos analistas consideran que simplemente ha sido un mecanismo para advertir al gobierno que no puede quedar impune siempre, pero también que los opositores fueron utilizados por una de las corrientes que busca debilitar al gobierno de Arce Catacora. Aunque se proclame que con la censura se castiga al ministro que fue duro con los opositores, la realidad es que el castigo llega por un tema ajeno a las violaciones a los derechos humanos o a las transgresiones a los derechos civiles. La censura se dio por uno de los tantos escándalos que existen, como es el ingreso ilegal al país de automotores robados, proceso en el que los directos responsables son otros, aunque no se libere de culpa a quien tiene a su cargo la fuerza policial, encargada de hacer cumplir la ley dentro del marco del debido proceso.