Una comisión de representantes de la UPEA encabezados por su rector Dr. Ricardo Nogales y miembros de la FUL alteña, concurrió a dialogar sobre la modificación de la Ley 195 por invitación cursada por los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, quienes de mutuo propio habían señalado las dependencias de la Vicepresidencia para dicho fin.
En esta oportunidad no vamos a comentar sobre los planteamientos de fondo efectuados por la comunidad universitaria de El Alto, nos referiremos a la vulneración de los Derechos Fundamentales de las Personas, cuando después de rechazar una nueva subvención extraordinario a la UPEA de Bs 70.000 y una nueva Ley ofrecida por el Gobierno, los integrantes de la comisión docente administrativa estudiantil de la universidad alteña decidieron conformar un nuevo piquete de huelga de hambre en instalaciones de la Vicepresidencia, que ni duda quepa, es la «casa del pueblo», no es una residencia o domicilio particular del Vicepresidente o de quienes como servidores públicos tienen oficinas en la misma.
Ante la decisión de los integrantes de la Comisión, según se informó, sea los funcionarios de la Vicepresidencia o por instrucciones superiores se «les cortó el suministro de agua y se echó llave a los servicios higiénicos», no permitiendo se les entregue frazadas u agua potable. Los policías que custodiaban el lugar cerraron las puertas de ingreso, por lo que compañeros de los huelguistas tuvieron que pasarles frazadas arrojando a una ventana para que se protejan del intenso frío reinante en muestra ciudad.
Hasta aquí parece de película, lo inadmisible es que al promediar la una de la madrugada del lunes, fuerzas represivas los obligaron a salir del recinto, nada menos que de la «casa del pueblo», cuando lo ideal, demostrando respeto a los derechos humanos, el Vicepresidente debía instruir se les dé cafecitos, mates con pan, les pongan calefacción y se les entregue frazadas, pero no, al estilo de los césares romanos permitió que los preclaros ciudadanos sean objeto de violación a sus derechos de protesta y de hacer huelga de hambre en una casa que pertenece al pueblo.
Los universitarios ante los hechos multiplicaron su asistencia a las manifestaciones convocando a padres de familia, gremiales y otros sectores, para repudiar lo ocurrido y para que se modifique la Ley 195.
Dónde estaba el Defensor del Pueblo, acaso miraba de reojo se atente contra la humanidad de indefensos ciudadanos, es lamentable. Los damnificados podrían presentar denuncia ante el Ministerio Público, lo que se hizo saber es que masificarán las manifestaciones bloqueando las calles de la sede de Gobierno y reiterando se cumpla la resolución adoptada en asamblea general de la UPEA.
El vicepresidente García Linera, Gonzales y Montaño, deberían dar satisfacciones públicas a los reprimidos huelguistas en demostración que no fueron ellos los que instruyeron esas medidas antidemocráticas y porque los segundos fueron los que invitaron a diálogo a la UPEA con el funesto resultado que causa repulsa nacional.
Prevalecerá el principio de «autoridad» o la decencia de respeto a la dignidad y honor de quienes fueron mellados en su derecho humano, es la interrogante.