La recurrencia de arbitrariedades en los tribunales hace que ya a nadie sorprendan las iniquidades que suceden a diario en el sistema judicial, policía, y los diferentes mecanismos que, en lugar de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir y castigar el delito, parece nidos donde se perfeccionan los modos de delinquir, al amparo de la impunidad. El desprestigio de la justicia importa a todos porque se trata de uno de los pilares en el que debe sostenerse la credibilidad, soberanía y fe del Estado. Cada vez que se revelan hechos reñidos con la ética, la moral, las buenas costumbres y la ley en las dependencias llamadas a dar ejemplo de integridad, es el país el que pierde y se desprestigia.
Por ello tampoco llama la atención que el 70,27% de las personas privadas de su libertad se encuentren con detención preventiva, es decir, que solamente el 29,73% es decir, 5.572 reos, en el país tiene sentencia. Los demás son víctimas del sistema que desconoce el principio de la presunción de inocencia, que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso en el que se demuestre la culpabilidad de la persona podrá el Estado aplicarle una pena o sanción.? Lamentablemente en nuestro país se abusa de las medidas precautorias como la prisión preventiva. En los países donde se respeta la ley solamente se admiten medidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de que la persona afecte la investigación del hecho de manera indebida.?
El derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases y en todas las instancias. Lamentablemente, en los países donde se ha debilitado la democracia, el respeto a la Constitución Política del Estado, y el estado de derecho en general, se da lugar a una justicia inquisitiva que deriva en detenciones abusivas. Pero cuando son representantes de la justicia los que cometen delitos o excesos, la actitud tolerante muestra el rostro de la impunidad.
La semana anterior se dio un caso que comenzó por consumo de bebidas alcohólicas en las oficinas del Tribunal Tercero de Sentencia en La Paz, y al hurgarse en el hecho derivó en un presunto consorcio ilegal de jueces, abogados y funcionarios. El Consejo de la Magistratura de La Paz intervino el Tribunal Tercero de Sentencia luego de que un juez denunció que en ese ambiente se consumían bebidas alcohólicas minutos después de concluir una audiencia.
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo, pidió al Consejo de la Magistratura sentar un precedente aplicando drásticas sanciones. Exigió que el juez y otras tres personas sean procesadas, por uso indebido de bienes del Estado, en el marco de la Ley 04 de la lucha contra la corrupción. Por otra parte, también se exigió al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno inicie procesos penales contra el o los responsables que no agilizaron la libertad de las 88 personas recluidas en el Centro Penitenciario Palmasola, que ya cumplieron su condena, pero que por diversas razones aún no han dejado el penal.
El magistrado Aguayo sostuvo que son responsables los jueces de ejecución penal que debe hacer el control y cómputo de plazos, el Director del Recinto y al equipo multidisciplinario integrado por trabajadoras sociales y psicólogos que deberían ver estos casos. «Una investigación va a determinar en qué momento y qué personas tenían responsabilidad de hacer cumplir la pena de estos privados de libertad», anunció.
Lamentablemente, pese a las abundantes muestras de ilegalidades en el sistema judicial son pocos los jueces o fiscales que fueron sentenciados por sus acciones, y más bien los pocos casos en proceso muestran que solamente avanzan cuando son activados por cuestiones políticas, antes que en busca de una rendición de cuentas sobre sus actuaciones en el desempeño de sus funciones.