La imagen internacional sobre la economía de Bolivia continúa bajo una mirada aprensiva debido a una serie de circunstancias adversas y hechos negativos que, sin duda, influyen y dan pie a que surjan perspectivas nada alentadoras. Varias certificadoras internacionales de riesgos económicos han bajado su calificación a nuestro país, mientras internamente, el gobierno considera que la economía nacional va bien y prevé un crecimiento de más de 4% para la presente gestión. Pero esta vez fue la calificadora de riesgo Moody’s, la que cambió la calificación a negativa. Ya anteriormente asignó la categoría B2, que significa que el país está sujeto a un riesgo crediticio alto. La última calificación realizada la semana pasada, asigna a Bolivia la categoría de Caa-1 que, de acuerdo a la interpretación de Moody’s significa que el país tiene baja solvencia y presenta riesgo de impago de capital intereses.
El gobierno no comparte la posición de la calificadora que la considera pesimista porque no valora las acciones que se desarrollan para recuperar la economía nacional. El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, señaló que la calificadora no contempla «las variables macroeconómicas positivas», como resultado del «Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) desde el año 2021 hasta la fecha». Según publicación de ABI, el viceministro recordó que la tasa de crecimiento económico del país, registró una expansión negativa de -8,7% en 2020, se incrementó en 6,1% en 2021 y en 3,5% en 2022. Asimismo, este año se prevé un repunte de 4,86%. También recordó que el Banco Mundial (BM) da una perspectiva de crecimiento de Bolivia 2,5 por ciento, para este año. También afirmó que Bolivia tiene una inflación de 0,6% acumulada a mayo de este año, la tasa más baja de Sudamérica. A ello se suma la reducción del déficit fiscal de 12,7% en 2020 a 7,1% en 2022, la balanza comercial positiva, las subvenciones, entre otras políticas.
En cambio, la Calificadora Moody’s, según ERBOL, atribuye el riesgo crediticio de Bolivia a los shocks políticos y económicos internos, así como los persistentes riesgos fiscales y externos a la baja en ausencia de políticas que aborden de manera efectiva los desafíos crediticios subyacentes. Señala que «persisten los desafíos crediticios para Bolivia, como la disminución de las reservas y la producción en el sector de hidrocarburos, así como los riesgos latentes relacionados con los eventos políticos internos».
Por otra parte, es necesario reconocer los hechos evidentes que se dan en el país, entre ellos, la ausencia de dólares y la presencia de un mercado paralelo que se sale de las previsiones del tipo de cambio oficial. A ello se suman las dificultades que ya se sienten en la provisión de carburantes subvencionados en las importaciones. Por otra parte, los escándalos de narcotráfico y corrupción, sin duda afectan la imagen del país, y esta situación se refleja en los niveles de confianza. Recordemos también que el contrabando es otro factor que influye en la imagen y la percepción internacional. Hace poco por estudios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se supo que el contrabando en 2022 movió un valor de 3.331 millones de dólares, equivalente a 7,96% del PIB. En 1999 este delito representaba 1.000 millones de dólares, es decir que se incrementó en 203% desde entonces y en 64% desde 2014. cuando el movimiento de la ilícita actividad era de 2.011 millones de dólares.
El año pasado, la evasión tributaria por IVA y Gravamen Arancelario (GA) del contrabando llegó a 930 millones de dólares, cifra con la cual se pudieron construir 16 hospitales de tercer nivel. Además, el contrabando creció al doble, 8,72%, de la economía, 4,30%, el año pasado. A mayor incremento de la ilícita actividad, hay un mayor descenso de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Hugo Siles, asesor de la Cámara Nacional de Industrias, explicó que el contrabando y su competencia desleal, afecta a 38.000 industrias del país y a 600.000 empleos formales, hechos que frenan la reactivación económica, provocan la desindustrialización, evade impuestos, y fomenta actividades delincuenciales. Asimismo, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, señaló que quienes se dedican a la ilícita actividad internan mercadería con armas, explosivos, y el personal militar que combate la actividad no siempre puede hacer lo mismo. Reconoció que hay limitada capacidad y condiciones operativas para combatir esta actividad ilegal.