Un grupo de diplomáticos despedidos de la Cancillería hace más de dos años anunciaron este lunes que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado por 7 millones de dólares por «violaciones» a sus derechos.
«Hemos presentado hace algunas horas una demanda internacional a la CIDH porque no existe (en Bolivia) la posibilidad de que haya un debido proceso (…) en todos estos dos años y medio han sido una muestra de cómo el poder judicial está intervenido», sostuvo el vocero de los diplomáticos afectados, Jaime Viscarra.
El representante manifestó a los medios que hace más de dos años, cuando el Gobierno de Luis Arce asumió funciones «casi la totalidad» de los trabajadores en la Cancillería fueron despedidos, en una acción «absolutamente ilegal», por lo que optaron por llevar el caso ante la CIDH después de agotar «todas» las vías administrativas.
La demanda ante la CIDH es contra el Estado boliviano por «violaciones a la Convención de Derechos Humanos» y se identifica como «autores» al canciller, Rogelio Mayta, al director administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y a algunos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), enfatizó.
La exigencia ante la CIDH «asciende a 7 millones de dólares», remarcó Viscarra.
«Los diplomáticos de carrera hemos sido condenados a una especie de muerte civil, no es posible que ninguno de mis colegas no encuentren espacios laborales en otras instituciones del Estado», recalcó.
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que procedió «de acuerdo a las leyes en vigencia, para desvincular a funcionarios que fueron designados por libre nombramiento, que no tenían estatus de servidores con carrera institucional».
El director jurídico de la Cancillería, Bernando Ortíz, señaló que quienes se sienten afectados «tienen la libertad de acudir a todas las instancias jurídicas» y advirtió que la CIDH acepta demandas contra Estados, pero «no en contra de personas individualizadas».
Ortíz refirió que hay dos sentencias emitidas por el TC que establecen que los exfuncionarios «no formaban parte del escalafón diplomático porque no contaban con una evaluación del Consejo Evaluador y Calificador de Méritos».
El comunicado resalta que en 2020, durante el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez, se intentó implementar un escalafón diplomático «que no era inclusivo y que no respetaba derechos básicos como la igualdad».
También aclaró que ahora en la Cancillería «no existen servidores públicos con carrera diplomática», sino que se trabaja con un escalafón inclusivo para dar oportunidad a «cualquier ciudadano» de «trabajar por su país».