La corrupción y el narcotráfico están alcanzando dimensiones desproporcionadas, dando la impresión de que la situación se ha descontrolado, pese a los esfuerzos que se hacen para frenar o mitigar sus efectos. Hay regiones donde el contrabando opera con absoluta impunidad, así como otras donde la mayor parte de la producción de coca elude los controles. Las informaciones sobre drogas o ilegalidades diversas que a diario figuran en los medios de comunicación se han convertido en rutinarias, mostrando una imagen cada vez más deteriorada de lo que ocurre en Bolivia. Ese descontrol se constata con la revelación del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, al señalar que entre 2020 y 2023, en el país se destruyeron 1.800 fábricas de cocaína, de las cuales el 90% estaban ubicadas en el Chapare.
Explicó que «eso es lo que les molesta a exautoridades, a organizaciones criminales» y que es el motivo por el cual, desde hace meses van pidiendo su renuncia. También dijo que es el motivo por el que se amenaza con bloquear carreteras. Tras ser cuestionado por algunos asambleístas, el ministro Del Castillo, ratificó que en el Chapare está la mayor cantidad de fábricas y laboratorios de cocaína. ¡Que ha habido una sospechosa cortina de información sobre lo que en el Chapare ocurre! se confirma también por las represalias de grupos civiles contra las incursiones de los efectivos policiales a determinadas zonas, especialmente del Chapare.
La gravedad de la situación repercute en el exterior, y se agrava por las constantes denuncias que llegan sobre el descubrimiento -en varios países- de cargas de droga proveniente de Bolivia, o por los informes internos que muestran la penetración hacia diversas instituciones. Por ejemplo, el diputado de la agrupación política «Creemos», Edwin Bazán, entregó al Ministerio de Justicia una lista de 135 policías que, presuntamente, tienen vínculos con el tráfico de drogas. Bazán pide una investigación transparente para determinar la veracidad de esa información y tomar medidas apropiadas en caso de confirmarse las conexiones ilícitas. Según Bazán, la información proviene de policías molestos porque la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) estaría vinculada con actividades ilegales. El diputado cuestiona la eficacia de las políticas de lucha contra el narcotráfico y destaca la falta de confianza de los efectivos en el alto mando policial. Dijo que la información le fue entregada en forma anónima, y que proviene de policías. A ello se suman los escándalos en torno al narcotraficante uruguayo que movilizó infructuosamente a cientos de policías para su captura, hecho que eclipsó al escándalo del avión que BOA alquiló y que llevó droga a España, o los casos de narcoavionetas capturadas en Argentina y Paraguay con droga boliviana, además de otros casos denunciados en Europa, y también en otros países vecinos.
Decíamos que se trata de un mega problema, porque sin duda está conmoviendo al país y al gobierno, hasta el extremo de que el ministro, Eduardo Del Castillo, anunció la intención de crear una entidad internacional que pueda combatir el narcotráfico en la región. Se trata del Centro Internacional Antinarcóticos para Desarticular Organizaciones Criminales (Ciadoc), propuesta del Gobierno para aunar esfuerzos para combatir el tráfico de sustancias ilícitas. El nuevo organismo tendría entre sus funciones realizar operaciones de inteligencia conjunta para desarticular organizaciones criminales, intercambiar información sobre casos de narcotráfico, establecer mecanismos de coordinación entre autoridades nacionales de los Estados miembros, entre otras. Recordemos que las policías de algunos países resolvieron operar sin los organismos bolivianos, por susceptibilidades.
Anteriormente, el gobierno propuso un anteproyecto de ley de creación de un «sistema de riesgos para la prevención y lucha contra la corrupción» con el fin preventivo para detectar oportunamente una mala administración o desvío de los recursos públicos. La propuesta surge después que la actual administración ha sido golpeada por una andanada de denuncias sobre irregularidades, dudosas negociaciones con empresas interesadas en los recursos naturales estratégicos del país, y diversos hechos de corrupción. El presidente del Estado, Luis Arce, sostuvo que la corrupción es un mal que aqueja a todo el mundo y, por eso, resaltó la importancia de esta nueva norma que tiene un carácter preventivo, principalmente en la administración de recursos públicos en las contrataciones con el sector privado.
Pero tanto políticos como juristas y economistas observaron que esta decisión del gobierno es tardía, vulnera principios legales y se dirige a una nueva forma de discriminación. Recordaron que existen leyes, decretos, reglamentos y otras normas dirigidas a frenar la corrupción, pero que no son aplicadas debido a que la justicia ha perdido su independencia, y el gobierno se niega a que se realice una reforma judicial, que sería la única vía para hacer que se cumpla el estado de derecho y se acabe con la impunidad que hoy protege la corrupción.