La planificación es una herramienta estratégica para definir labores tanto específicas como generales, siguiendo cronogramas, y la puesta en marcha de lo planeado hasta alcanzar el objetivo deseado. Muchas veces las mejores intenciones encuentran barreras infranqueables por no planificar correctamente, y consecuentemente se corre el riesgo de fallar, y hasta de incurrir en un despropósito. En cambio, el éxito, es el premio si hubo planeación y seguimiento acertados.
Algunas veces, especialmente los políticos, asumen determinaciones de coyuntura, sin valorar sus consecuencias.
El gobierno interino decidió reducir el esquema de la administración pública, anulando tres ministerios y transfiriendo sus dependencias a otras carteras de Estado; se cerró dos embajadas y se anunció «un análisis y revisión a detalle de los cargos y los gastos innecesarios».
Según la explicación de las autoridades se trata de una determinación que busca ahorrar y destinar más recursos a salud pública, frente a la crisis económica que vive el país, como consecuencia de la mala administración del Estado en el régimen anterior, y por la pandemia de coronavirus que ha obligado a paralizar gran parte del país durante la cuarentena.
Todo esfuerzo de austeridad en la administración de los recursos del Estado debe merecer consideración y apoyo, especialmente si van dirigidos a fortalecer las acciones destinadas a atender las necesidades más importantes de la población y del país, así como efectuar economías en algunos rubros secundarios, prudencia en las inversiones, y limitar los gastos a lo imprescindible especialmente en momentos de crisis.
Es indudable que la administración pública ha crecido desmesuradamente en el anterior régimen, creando una burocracia indolente e incapaz que entorpece la fluidez en los esfuerzos por encaminar las acciones.
El aparato administrativo del país ha sido rellenado mediante el favor político, la condición de militancia y la preferencia por las lealtades personales, postergando a los profesionales idóneos y personal eficiente que han sido sometidos a la prepotencia de los recomendados del partido de gobierno, de las organizaciones sociales afines al MAS, y de las cuotas de poder asignadas a determinados sectores que fueron parte del esquema de la gestión pasada.
Al presente la presidenta Jeanine Áñez anunció la reducción del número de ministerios de 20 a 17, determinando que las dependencias de Culturas y Deportes, pasen al Ministerio de Educación y las funciones de Comunicación, al Ministerio de la Presidencia, además de haberse cerrado las embajadas en Irán y Nicaragua. Explicó que el objetivo de la medida es ahorrar recursos económicos para fortalecer la lucha contra la pandemia, aunque no informó cuánto ahorro representará para el erario nacional. Se han hecho algunas estimaciones y al parecer el ahorro no sería importante si se toma en cuenta que, según el anuncio, no habría despidos.
La ministra de Comunicación Fernández manifestó y a su vez denuncio «que en dicho ministerio había gentes por demás que no hacían nada y prácticamente eran personas que no sabían nada», se supone que se los debe depurar por cuanto los adoctrinados para pegar afiches o contratar a medios afines al régimen para afanes propagandísticos, ha demostrado que solo hacían gran gasto a la economía del Estado, de los bolivianos que aportan al erario nacional pagando los impuestos. Como toda decisión política, la determinación del gobierno transitorio ha generado reacciones, y han surgido críticas sobre el rubro de Culturas por los afectados. Varios impulsores de las manifestaciones culturales, deploraron que los mecanismos de expresión de la idiosincrasia del pueblo boliviano sean catalogados como «gasto absurdo». Desde el gobierno se explicó que no es esa la intención y que el gobierno seguirá fomentando la cultura.
Pese a que el MAS utilizó a los ministerios de Culturas y sobre todo de Comunicación como apéndices políticos y de propaganda ideológica, egolátrica al expresidente Morales, existen argumentos sólidos para defender la actividad del talento, de Culturas.
En lugar de menospreciar su importancia, lo que debiera hacerse es impulsar la diversidad y dinamismo cultural.
Bien orientada esta secretaría de Estado -Culturas- debería ser la principal instancia de gestión de eventos de arte, y mejor aprovechamiento del patrimonio cultural y de la riqueza natural mediante el turismo, y todos los factores concurrentes, generadores de permanente actividad.
Solamente en el turismo hay más de 300 mil puestos de trabajo, y el movimiento vernacular, a parte de los carnavales y entradas folclóricas, tiene una labor permanente todo el año.
La celebración del Carnaval en Bolivia mueve 50 millones de dólares, de acuerdo a la estimación que hizo el eliminado Ministerio de Culturas y Turismo. El Carnaval de Oruro mueve 35 millones de dólares, le sigue el de Santa Cruz con 10 millones de dólares y el de Cochabamba con 5 millones de dólares. La entrada de Gran Poder mueve 100 millones de dólares, según un estudio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que explica que se trata de una preparación de siete meses con fiestas previas y posteriores a la Entrada, movimiento en orfebrería, bebidas alcohólicas y refrescantes, comida, trajes, música y danzas y hasta peluquerías, spa o arreglo personal de los bailarines.
Por la pandemia que no se sabe a ciencia cierta cuándo culminara, muchas de esas actividades culturales se están espectando vía virtual.
Lo aconsejable es que, visto la actividad del ministerio de educación y la reacción en contra del ministro -por padres de familia, magisterio, colectivos sociales de las comunidades educativas, como el de Oruro que pide su renuncia- mejor será que el gobierno reponga el ministerio de Culturas y que para Ministro(a) se escoja a profesionales que sepan de arte, cultura, entretenimiento, espectáculos, para bien administrarla, orientarla e impulsarla a fin de proteger el acervo intelectual.