La vida política de nuestro país está sembrada de acontecimientos dolorosos, algunos trágicos y otros heroicos, así como acciones y decisiones que pesan para bien o para mal en el devenir. Pero hay hechos que marcan un camino o tienen repercusiones del más alto contenido democrático y que demuestran la voluntad, decisión y forma de pensar del pueblo. Uno de estos sucesos se ha producido el 21 de febrero de 2016, que ha dado lugar a todo un movimiento al que se lo llamó el 21-F. Tal vez para muchos haya pasado inadvertida esta fecha del calendario 2020 que recuerda cuatro años del referendo en el que el pueblo dijo NO a la reelección de Evo Mortales.
El 21F se ha convertido en un símbolo más de la lucha del pueblo boliviano por defender la democracia, defender las libertades y derechos y hacer respetar el ordenamiento legal. Se trata de un acontecimiento que sembró una semilla que despertó los sentimientos de pertenecía de la ciudadanía en las filas de quienes aspiran a vivir en democracia, en un país donde se respeten las libertades y prerrogativas de la gente. Es también un recordatorio de una Bolivia en la que está vigente la carta fundamental de los Derechos Humanos que la Organización de Naciones Unidas estableció y de la que Bolivia no solamente formó parte desde su origen, sino que ratificó y se comprometió a su respeto y cumplimiento.
La voluntad expresada en las urnas el 21F cayó como un balde de agua fría sobre la espalda de los gobernantes del MAS, que no conformes con vulnerar la Constitución Política del Estado, pretendieron que su líder Evo Morales tenía derecho a ser elegido indefinidamente para gobernar el país. Se argumentó un presunto derecho humano de Morales para seguir en el poder y candidatear mañosamente hasta cuando le plazca.
Los miembros del Tribunal Constitucional de ese momento, que avalaron con una sentencia el derecho humano de Evo Morales a la reelección indefinida, a la conclusión de su mandato fueron premiados con altos cargos públicos y embajadas. Esa sentencia ilegal pretendía convertir la reelección presidencial además en un derecho humano absoluto, olvidando el principio de que los derechos y libertades de una persona terminan donde comienzan los derechos de los demás.
Pero además hay algo muy delicado que ha pasado por como si se tratase de una cuestión leve: se ha considerado que vulnerar la Constitución Política del Estado es un derecho humano. Incumplir el resultado de un referendo que dijo No a otra reelección, va contra las normas legales que disponen que las resoluciones del Órgano Electoral, son inapelables, y el Tribunal Supremo Electoral avaló el resultado de la consulta. De nada valieron las observaciones internacionales, nacionales ni la CPE y las leyes. Es más, en las elecciones del 20 de octubre de 2019, el candidato oficialista, al verse perdido, recurrió a un escandaloso fraude que fue denunciado tanto internamente como por organismos internacionales. ¿Los responsables de semejante estado de alteración del orden legal constituido, deben quedar en la impunidad?
Decíamos que el 21F se ha convertido en un símbolo del sentimiento democrático de un pueblo y un aliciente para la defensa de los derechos y las normas legales, hecho que se puso en evidencia en las jornadas de octubre y noviembre del año pasado, cuando al destaparse el fraude electoral el pueblo ganó las calles puso el pecho al frente de la violencia del régimen masista, y ganó para sus filas a policías y militares, los indujo a recuperar su rol histórico y a cumplir con su deber, escenario que obligó a huir del país a la impostura encarnada en la cúpula del anterior régimen.