La Cámara de Senadores «casi por unanimidad», resolvió conformar una comisión jurídica dirigida a iniciar un juicio de responsabilidades en contra de los nueve magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. A su vez, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, acusó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de haber buscado el fracaso de las elecciones judiciales y afirmó que el conflicto en el Órgano Judicial pasó a ser «político». Mientras que el expresidente del país y de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, cuestionó la resolución del TCP y recordó que la Constitución sanciona con nulidad actos de quienes usurpan funciones. Varios expresidentes y políticos, consideran que el TCP ha tomado «una atribución que no le corresponde; que su decisión es inconstitucional y prevaricadora, e ilegítima», mientras el gobierno considera legal la determinación del Tribunal Constitucional.
De hecho, tres poderes del Estado se encuentran enfrentados, el Legislativo (o por lo menos el Senado) contra los Órganos Ejecutivo y Judicial, con la intención de iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados, dando lugar a un «cuasi» conflicto de poderes. El conflicto de poderes es una figura político judicial que se da cuando existe invasión de atribuciones de otro poder; cuando se inicia una acción que tiene por objetivo la defensa de facultades propias, o cuando un poder transgrede normas constitucionales que afectan a otros poderes de un Estado, o al país, abriéndose la necesidad de una defensa de la vigencia constitucional, que puede derivar en un proceso legal y político.
Todo se origina en las acciones del gobierno central por impedir la reforma judicial primero, y obstruir la realización de las elecciones judiciales, lo que derivó en maniobras de legisladores, autoridades nacionales, y el Tribunal Constitucional Plurinacional, que primero demoró una resolución y luego rechazó un proyecto de ley destinado a la selección de postulantes a los cargos de la judicatura. Pero, además el TCP decidió prorrogar en sus cargos a los altos magistrados del poder Judicial, cuyo periodo constitucional vence a fin de año.
Esta determinación generó reacciones de diversas instituciones que ven en el actual sistema judicial uno de los peores ejemplos de cumplimiento de deberes.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez, según publicaciones de prensa, informó que el Senado ha determinado, «por decisión casi unánime, la instauración de un juicio de responsabilidades en contra de los nueve magistrados del TCP, por haberle privado al pueblo de Bolivia su derecho de elegir. Se han autoprorrogado», dijo el legislador. Además, Torrez calificó como «un verdadero golpe judicial a la democracia» este hecho que «no puede quedar en la impunidad».
Con esta decisión, calificada de ilegal, se prorrogan los mandatos de los magistrados y consejeros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Pero esta decisión del TCP recibió el apoyo de autoridades del Gobierno y de los legisladores oficialistas, que consideran que la medida está acorde a la Constitución Política del Estado (CPE). Citaron además como antecedente la ampliación del mandato de la expresidenta Jeanine Áñez, legisladores y autoridades subnacionales en 2020-2021, olvidando que esa situación, a su vez, es motivo de juicios contra la ex Presidenta, a la que el gobierno la acusa, entre otros cargos, de haber dado un golpe de Estado.
Inclusive el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, acusó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de haber buscado el fracaso de las elecciones judiciales y afirmó que el conflicto en el Órgano Judicial pasó a ser «político». «La crisis del Órgano Judicial pasó de ser estrictamente jurídico y de análisis constitucional a ser político», aseguró Torres según reportó la Agencia de Noticias Fides. Para el alto magistrado, ninguno de los proyectos elaborados por el Legislativo, se apegaba a la Constitución Política del Estado o por lo menos al respeto y la independencia que debe tener el Órgano Judicial. Cada uno de esos proyectos que fueron presentados para cumplir con las acefalías, que se iban a presentar a partir del 2 de enero, tenían una connotación política y estaban dirigidas a satisfacer seguramente algunas ambiciones y pretensiones de determinados partidos políticos», sostuvo Torres.
Por su parte, el expresidente del país, y que antes fue Presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, cuestionó la resolución del TCP. La calificó de «ilegítima e inconstitucional». Afirmó que «el TCP excedió su competencia al disponer prórroga de su propio mandato, expresamente limitado por la Constitución que sanciona con nulidad actos de quienes usurpan funciones fuera de la ley. Tampoco repararon en advertir que sus intereses entraron en conflicto, prohibición prevista por la CPE. Sombrío precedente, desconoce al constituyente y debilita la democracia», indicó.