Nuevamente los asambleístas se aplazaron en su intento de cumplir con sus obligaciones específicas, y responder al mandato que recibieron de los ciudadanos que los eligieron para legislar y fiscalizar las funciones del aparato estatal. Lamentablemente lejos de respetar sus propios reglamentos, anteponen los intereses sectoriales y partidarios, postergando las premiosas necesidades del país, de la democracia y de la institucionalidad, que en este momento se encuentran seriamente afectados. El desprestigio de los asambleístas se profundiza con bochornosos desmanes que se produjeron en la sesión de la Cámara de Diputados, llegando a extremos de un presunto fraude en la votación para la aprobación de un crédito, enfrentamientos físicos entre diputados, desorden, anuncio de juicios por agresiones, y la frustración de dejar nuevamente empantanados los asuntos que interesan a todos los bolivianos, como definir la situación de los magistrados que se prorrogaron ilegalmente en sus cargos, o la aprobación de leyes económicas pendientes.
El debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre la aprobación de créditos y la renuncia de las autoridades judiciales y constitucionales autoprorrogadas quedó frenado por las posiciones encontradas del oficialismo y los opositores, determinando un cuarto intermedio en las sesiones hasta mañana, martes. A ello se suma la amenaza de reanudar los bloqueos de caminos efectuada por las organizaciones sociales afines al ex presidente Evo Morales, que dieron un plazo de 15 días para que se aprueben las leyes que frenarían la prórroga de los magistrados judiciales.
Los diputados iniciaron el debate enfrentados por la orden del día para la aprobación de los proyectos de ley 073 y 075 contra la prórroga de los magistrados. Esas leyes no fueron tratadas debido a que el ala arcista del MAS mencionó que se deben aprobar primero los créditos pendientes, de los cuales uno ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, en forma ilegal, según la oposición. La situación se ha agravado con la denuncia de aprobación irregular del proyecto de ley 079, que autoriza un préstamo de hasta $us 176 millones. El jefe de bancada de diputados por Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, dijo que «pese a una manipulación informática, esta normativa fue rechazada por el pleno camaral, develando nuevamente el verdadero rostro del Movimiento al Socialismo (MAS), el fraude»… «Queremos denunciar ante la ciudadanía que el MAS ha gestado y ejecutado un nuevo fraude. Esta vulneración informática ha pretendido desconocer la voluntad mayoritaria de los presentes en esta sesión», indicó. Afirmó, además, que en el debate varios parlamentarios habían advertido que se gestaba un «fraude informático» a ser ejecutado mediante el voto electrónico para que un gran porcentaje de los votos favorezcan a la aprobación del referido proyecto. Dijo que se cuenta con todas las pruebas.
Por su parte, el diputado por creemos, Walthy Egüez, señaló que el MAS intentó aprobar este crédito, a través de un fraude y desconociendo el reglamento de Diputados. Denunció la insistente búsqueda oficialista de «emisarios del MAS», encargados de negociar votos faltantes. Explicó que en la votación electrónica los datos del sistema indicaban la presencia de 105 diputados en sala, los registros mostraron 51 votos a favor, 51 en contra y una abstención. Pero la titular en ejercicio de Diputados, Verónica Challco, anunció que realizaría el voto definitorio de forma afirmativa, para lograr la aprobación de la norma. En criterio de la oposición y el ala «evista» en el MAS, con la presencia de 105 diputados en sala, el sistema debe definir la mayoría en 53 votos, por lo que al solo contar con 51 votos, queda descartada la aprobación de la ley en cuestión.
Este nuevo empantanamiento pone en duda el respeto al acuerdo al que se llegó para las elecciones judiciales, que incluía las dos leyes sobre la situación de los magistrados prorrogados en sus cargos, y la definición de medidas para que la gestión judicial continúe mientras dure el proceso eleccionario.
Hasta el momento solamente en forma parcial se está cumpliendo el acuerdo destinado a renovar el Órgano Judicial, ya que está pendiente una parte fundamental de lo pactado, que tiene que ver con las leyes que pondrían fin al ejercicio ilegal de los magistrados que se prorrogaron en sus cargos. Aunque por ahora en que la Asamblea Legislativa avance en la agenda para calificar a los postulantes a magistrados judiciales, quedaría un factor no solamente de conflicto, sino de duda y susceptibilidad frente al ejercicio ilegal de miembros de un Órgano Judicial en el que ya nadie confía. Todo el proceso eleccionario quedaría sometido a los funestos antecedentes de las dos elecciones judiciales anteriores en las que la ciudadanía les restó apoyo, dejando en las urnas más del 60 por ciento de los votos entre blancos y nulos. Otro fracaso tendría funestas consecuencias para la democracia y la institucionalidad.