El dilema es: ¿Aplazar las elecciones y centrarse en el combate sanitario y el rescate de la economía? ¿O bien, disponer de un Parlamento legalmente constituido y de un Gobierno en plenitud de funciones?
Sabemos que es necesario reactivar la economía y que recuperar las libertades supone asumir más riesgo de contagio, y por tanto de rebrotes, pero tampoco es una opción sensata encerrarnos hasta que aparezca una vacuna.
El retorno al clima electoral está condicionado a una baja significativa de contagios y a que el sistema sanitario sea capaz de asumir un eventual rebrote cuya planificación no existe. Los candidatos deberían respaldar su posición con tres informes mínimos: uno jurídico, otro sanitario-epidemiológico y un tercero relativo a la seguridad en las votaciones. Los documentos solo serían admisibles si recomiendan la idoneidad de llevar a cabo las elecciones en septiembre cuando la virulencia descienda significativamente.
Por la otra, el interinato de un gobierno transitorio no se puede prolongar en el tiempo y más si el gobierno está desbordado, incapaz de dar una respuesta adecuada a la crisis sanitaria, paralizado ante la preocupación actual de crisis económica y el aumento de la pobreza y sumido en una temprana y desvergonzada corrupción y además con un parlamento sin legitimidad constitucional. Pero aquí nace la pregunta: ¿Un cambio político podría garantizar un manejo responsable de la lucha por la salud, la economía y la brecha social?
El primer objetivo es evitar, en lo posible, que el caos social provocado por la COVID-19 erosione más al Gobierno, para lo cual es necesario un Pacto Sanitario que coordine e integre esfuerzos entre Gobierno y Entidades Territoriales Autónomas.
El segundo es intentar controlar la pobreza económica subsidiando y ocupándose de las clases desposeídas y perjudicadas.
Es necesario prever un rebrote indeseado, el que, sumado a una mayor prolongación de la hambruna, podría provocar un caos social inmanejable.
No basta con apelar a la responsabilidad cívica, el estómago puede más.
Lo sensato es aceptar inicialmente la fecha programada considerando que, en el contexto de excepcionalidad actual, la decisión final dependerá no del TSE ni del Legislativo, sino en última instancia, de lo que digan las autoridades sanitarias y al Ejecutivo le corresponderá asumir autoridad una vez más para posponer las urnas, la Constitución le faculta a prorrogar el «Estado de Emergencia Sanitaria». En todo caso, el Estado tiene el derecho de ejercer el poder cuando está en peligro y uno de sus deberes fundamentales es el de preservar la salud y el bienestar de todos.
No obstante, correspondería a las fuerzas políticas en campaña acordar tal eventual prórroga y el recorte de los días de campaña por el excesivo costo financiero para el país y para los propios partidos. Recordemos que los partidos han hecho malgastar 820 millones de bolivianos en procesos electorales truncos y que aún no terminan. (Referéndum del 21 de Febrero, incumplida por el MAS, las «chutas» elecciones Primarias y el Fraude en las elecciones de octubre).