El sistema educativo nacional nuevamente está en problemas ¡cuándo no!, pero esta vez, a los tradicionales paros, protestas y rechazo a las medidas de las autoridades, se sumó un agente extraño que paralizó totalmente las actividades, enfermó a más de 34 mil personas y mató a más de mil en menos de cuatro meses, mientras, como siempre, el gobierno deambula entre comprender lo que ocurre, atender la emergencia del coronavirus, hacer política, eludir las quejas de los maestros y de los padres de familia e improvisar con los alumnos.
Frente a esta situación inédita, es comprensible que las autoridades tuvieron que ingeniar enmiendas, entre ellas decretar la aplicación de la educación virtual, y plantear ensayos de educación a distancia, videoconferencias, proponer dar total uso a internet y las nuevas tecnologías, preparar a maestros y adecuar el nuevo sistema de contacto maestro-estudiante. Pero inmediatamente surgió la oposición a la idea, por haberse osado olvidar la consulta «obligatoria» con los dirigentes de los maestros, de los padres de familia y de los estudiantes. Grave error, porque ahora se vino una huelga de hambre y estado de emergencia de los maestros de La Paz y El Alto, y anuncio de medidas de presión en Cochabamba, así como aprestos en otros distritos y pedido de renuncias. De hecho, ya se ampliaron las demandas y ahora se exige que se repongan las clases presenciales según el dirigente de los maestros de El Alto, Álex Morales, quien dijo que ellos garantizan la educación presencial hasta fin de año. Este sector había dado un plazo de 72 horas al Ministro de Educación para que atienda sus demandas, además de la anulación del Decreto Supremo 4260, que da lugar a la educación virtual, calificada por los maestros como un fracaso, aunque ni siquiera se comenzó a aplicar. Asimismo, entre otras demandas exigen la inmediata convocatoria para el ascenso de categoría de la presente gestión, ya que más de 15.000 maestros esperan este «derecho a dar un examen».
Pero también cerca de tres millones de alumnos esperan una solución, mientras los maestros se oponen a las ideas del Ministerio de Educación, los colegios particulares pretenden cobrar pensiones escolares como si hubiesen trabajado normalmente y los padres de familia se quejan y denuncian de abuso de los colegios particulares y deplora la actitud del gobierno al dejar sin atención semejante problema. Los padres de familia piden que solamente se pague el 50% del costo de las pensiones escolares, el Ministerio de Educación afirmó que había llegado a un acuerdo de partes para fijar una rebaja entre el 6 y 28%, versión que fue rechazada por los padres de familia que argumentan sufrir por la reducción de sus ingresos y las consecuencias de la pandemia.
Parece que a las autoridades les faltó la voluntad, tiempo, oportunidad y medios para tender líneas de contacto entre los sectores involucrados, de manera que se facilite la comprensión de la situación por las partes y se logre armonizar una predisposición a ceder y buscar un equilibrio. Y paralelamente, habría que pensar en algo que es más importante, salvar el año escolar o diseñar alternativas que impliquen el menor perjuicio a los alumnos. En el actual conflicto se pensó en la política, en el bolsillo, en los derechos de los maestros, en las tecnologías, en los costos, en la pandemia y no en los estudiantes.
La enorme crisis económica, política, social y sanitaria obliga a una coordinación para encontrar soluciones armoniosas con la realidad, con el mandato constitucional de que la educación es la primera responsabilidad del Estado, y desde luego, una mejor adaptación con las nuevas tecnologías. Se trata de un gran desafío para las autoridades, para los maestros y los padres de familia, y la oportunidad común de esforzarse en agudizar la creatividad. Ya las Normales y universidades deberían estar pensando en formar nuevos maestros que estén a la altura de la nueva realidad. Los docentes vigentes tienen que actualizar sus conocimientos sobre un nuevo escenario que ya está presente y no es el futuro. Y para la actual gestión, es necesario un esfuerzo adicional dirigido a diseñar un apoyo educativo de emergencia, y un plan que fundamentalmente dote a los alumnos de herramientas y aplicaciones acordes a los tiempos, de manera que después puedan recuperar el tiempo perdido.