El Gobierno consideró este lunes, un «exceso», la decisión de dos tribunales que se declararon incompetentes para juzgar a la expresidenta interina Jeanine Áñez por la vía ordinaria, por la muerte de civiles durante la crisis de 2019, por lo que presentó recursos de enmienda y apelación.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó a los medios que el Gobierno de Luis Arce no está de acuerdo con la decisión de los tribunales de Sacaba, en Cochabamba, y de Senkata en la ciudad de El Alto, que se declararon incompetentes para juzgarla por la vía ordinaria en dos casos.
«Ya han presentado los respectivos recursos de apelación, esto significa que en tanto no se pronuncien los tribunales departamentales de justicia a través de sus salas penales sobre esta situación que se ha producido, no podemos decir que esas decisiones tengan un efecto jurídico, han quedado suspendidas», explicó Lima.
Recalcó que el Gobierno cree que la decisión de ambos tribunales ha sido un «exceso», por lo cual están presentando el recurso de apelación y enmienda en ambos tribunales, y que esperarán los resultados para referirse al caso.
A juicio de Lima ambos tribunales «han actuado al margen de la ley» y se está evaluando la responsabilidad de los mismos.
En octubre el fiscal general, Juan Lanchipa, presentó la acusación formal contra Añez por las muertes en Sacaba (10), en Cochabamba, y Senkata (10) en la jurisdicción de El Alto, durante los enfrentamientos entre civiles, que protestaban contra el Gobierno interino, las fuerzas militares y policiales.
La Fiscalía acusó de genocidio a Áñez, a tres de sus exministros; varios exjefes militares y de la Policía, contra quienes pidió la máxima condena de 30 años de prisión, tras valorar que las fuerzas de seguridad utilizaron «municiones de guerra» contra «civiles desarmados».
La Fiscalía General inicialmente remitió la proposición acusatoria por los casos de Sacaba y de Senkata al Parlamento en agosto de 2021, para que se siga un juicio de responsabilidades contra Áñez como exmandataria.
Sin embargo, a principios de este año, un par de tribunales en las jurisdicciones de El Alto y Cochabamba se declararon competentes para seguir esos procesos por la vía ordinaria.
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso llamado «golpe de Estado II», en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
La exmandataria interina Añez, detenida desde marzo de 2021, afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria.