El Gobierno cuestionó este viernes el rol que cumplió un juez boliviano en el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) a favor de Perú, por una demanda que presentó por el precio diferenciado del combustible que se aplica en el país a los vehículos con matrícula extranjera.
El ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó al magistrado boliviano Gustavo García, a quien se refirió como «una persona completamente descalificada» que «ha decidido actuar contra su país».
García es uno de los jueces que aprobaron la sentencia del proceso que presentó Perú ante la CAN, en octubre de 2020, contra Bolivia y que finalmente favoreció al país vecino con un fallo el pasado 17 de julio.
En declaraciones a los medios, Lima dijo que el magistrado García generó un problema «sin fundamento, sin argumento y de una forma expresamente contraria a derecho».
«La actitud que ha tenido este juez, la manera que ha llegado al cargo y la manera en que ha actuado contra su país no va a quedar en la impunidad», advirtió.
Lima manifestó que la Cancillería inició, hace un tiempo, un proceso penal contra García por la forma en que llegó al cargo de juez del TJCAN, en un procedimiento donde «no ha habido una decisión del pueblo boliviano» ni un plenipotenciario «que pueda presentarlo como candidato».
El ministro aseveró que el juez García fue elegido durante el Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) para formar parte del TJCAN.
El oficialismo considera que el Gobierno de Áñez fue producto de un «golpe de Estado», después de la crisis política y social que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).
El ministro de Justicia indicó que, aunque Bolivia «respeta» el criterio del tribunal andino, va a «activar los mecanismos» para «representar» mediante la Cancillería el veredicto del TJCAN.
En esa línea, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, afirmó que el país analiza presentar una apelación y que el cobro diferenciado de combustible se debe a la subvención estatal, que es una «política de Bolivia» a favor del transporte nacional.
En octubre de 2020 Perú demandó a Bolivia por un decreto que se aprobó en 2008 y que estableció el precio diferenciado de los combustibles para vehículos con matrícula extranjera, que es mayor al que se vende al transporte y conductores bolivianos en su territorio.
Las reglamentaciones de los años posteriores establecieron, por ejemplo, que el precio por litro para vehículos con placa extranjera de diésel y gasolina sería de 8,8 y 8,6 bolivianos (1,27 y 1,23 dólares), respectivamente.
Mientras que el precio subvencionado de esos dos combustibles es de 3,72 y 3,74 bolivianos (unos 0,53 dólares en cada caso) para los vehículos bolivianos.
En la sentencia del TJCAN se declara «fundada» la demanda de Perú contra Bolivia que señala que la diferencia en el precio «vulnera los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia» del bloque.
También otorga «un plazo máximo de 90 días» para que Bolivia «adopte las medidas necesarias y pertinentes» de la conducta que ha sido declarada «contraria al ordenamiento jurídico andino».