El Gobierno oficializó este jueves, a través de un decreto, la postergación del censo de población y vivienda para 2024, pese a las críticas que generó el anuncio en Santa Cruz que ha advertido con movilizarse contra el aplazamiento de la consulta.
El presidente Luis Arce y sus ministros firmaron un decreto que modifica otro, con el fin de que el censo, previsto inicialmente para noviembre próximo, se pueda realizar «entre los meses de mayo y junio de 2024» y que será ejecutado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El miércoles el Consejo Nacional de Autonomías reunió a ocho de los nueve gobernadores del país, excepto el Santa Cruz, las asociaciones de municipios y representantes de organizaciones indígenas y campesinas para dialogar sobre el censo, determinando que se aplace hasta 2024.
Aunque el consejo reconoció que el censo es una «prioridad nacional», también se argumentó que existen algunas dificultades que «afectarían al proceso censal» como la pandemia de la covid-19, la socialización de la boleta, la necesidad de incorporar idiomas originarios, una cartografía estadística, entre otros.
Reacciones
El aplazamiento del censo generó resistencia sobre todo en Santa Cruz, cuyo gobernador, Luis Fernando Camacho, convocó a los asambleístas, autoridades locales y la sociedad civil a participar este viernes en un encuentro regional para determinar las medidas que asumirán.
«Suspenden el censo por 2 años más, como están acostumbrados: sin escuchar a las regiones, sin pensar en sus necesidades, escondidos detrás de algunas autoridades que se acomodan en el poder por miedo a perder los pequeños privilegios que ostentan por su cargo», escribió Camacho en sus redes sociales.
Además manifestó que estas acciones muestran «que la única solución» es «quitarle el poder absoluto al centralismo y dárselo a las regiones con un sistema federal».
Por su parte, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó que la suspensión del censo «trunca un derecho y una demanda popular, evidencia la mentira del gobierno y obedece a un irresponsable cálculo político» del Movimiento al Socialismo (MAS).
Según Mesa este «cálculo político» quiere «impedir» la «redistribución de escaños» parlamentarios, evitar el «Pacto Fiscal y seguir ocultando la verdad sobre la pobreza en el país».
El alcalde de La Paz, Iván Arias, indicó que está de acuerdo con su postergación, pero no hasta 2024, sino que se pueda hacer el próximo año.
En una rueda de prensa, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, tildó a Camacho de «irresponsable e incapaz» y le acusó de utilizar el censo para generar la «confrontación y desestabilización» del país.
Inicialmente el Gobierno fijó el 16 de noviembre de esta gestión como la jornada en que debía celebrarse el censo de población y vivienda y anticipó que los resultados oficiales se conocerían en 2023.
Desde su inicio el proceso recibió críticas de algunas regiones que consideraron que la consulta sería clave para una posterior distribución de los ingresos o asignación de representación política en el Parlamento de acuerdo a la población.
El pasado 9 de junio renunció el director del INE, Humberto Arandia, argumentando problemas de salud y aunque Arce rechazó su dimisión, nombró a una autoridad interina mientras el titular se recupera.