Sicariato, secuestros, ajustes de cuentas, violenta respuesta a los operativos policiales, «filtración» de información sensible, impunidad, corrupción en la policía y la justicia, son algunas características del narcotráfico en Bolivia, que ha evolucionado, en criterio de políticos, analistas y especialistas en la materia. No es un secreto que también se ha metido en algunas instituciones y en la política. El caso de Sebastián Marset, ha expuesto en el escenario internacional las debilidades de los mecanismos antinarcóticos de nuestro país. La prensa internacional ha publicado amplia información señalando que el narco uruguayo se burla de Bolivia, Uruguay y Paraguay, y deplora la forma como eludió la persecución y actuó abiertamente en múltiples actividades, pese a ser un prófugo que en la última década ha actuado en Uruguay, Paraguay, además de Bolivia.
Hay evidencias de que las policías de esos tres países sabían que este sujeto estaba involucrado en el tráfico de cocaína, entre otros graves crímenes, entre los que hay la sospecha de que está detrás del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Con todos estos antecedentes, ¡cómo no pensar que el narcotráfico crece y la impunidad se impone en estas condiciones! Ya que, además, existen muchas señales dirigidas a la despenalización de las drogas. En el caso de nuestro país, recordemos que entre 2022 y 2023 se han producido más de una veintena de «ajustes de cuentas», y varios escándalos relacionados a las drogas, especialmente con descubrimientos de narco-vuelos. Pero pese a esa realidad, la lucha contra este mal no avanza, y sospechosamente encaja con la despreocupación de algunos gobiernos de la región, que cuando tratan este problema, pese a reconocer su gravedad, buscan un «cambio de paradigmas» como solución, responsabilizando a la pobreza y a los consumidores de drogas, mientras el crimen organizado crece, mata, contamina, corrompe, enferma a la juventud y tuerce a los mecanismos encargados de la ley.
Los esfuerzos por combatir esa ilícita actividad encuentran mecanismos para mostrar poses, pero no reales soluciones. Las posiciones contemplativas se repiten. Ahora, 19 países latinoamericanos acordaron el pasado fin de semana una «hoja de ruta» en la que se comprometen a un «consenso regional» en el problema mundial de las drogas, en un documento elaborado en la ciudad colombiana de Cali, como conclusión de la Conferencia de Latinoamérica y el Caribe sobre Drogas. La agencia de noticias EFE, refleja el resultado de la reunión señalando que las autoridades consideran que su documento es histórico porque acuerda «delinear un camino hacia el futuro y definir las etapas en las cuales buscaremos consensuar nuestras posiciones», como dijo al cierre de la conferencia el canciller colombiano, Álvaro Leyva, tras anunciar el llamado «Documento final de Santiago de Cali».
Se trata de un documento con ciertas posturas comunes y un camino a seguir que lleve a una gran cumbre de jefes de Estado y Gobierno latinoamericanos y del Caribe, una «hoja de ruta» que «ayude a conseguir un consenso regional para enfrentar los desafíos que requiere en nuestros tiempos el abordaje del tema de las drogas», alegó Leyva. El objetivo es «construir una reflexión común y llegar a la cumbre internacional de drogas de 2025 con una visión común», explicó la canciller mexicana, Alicia Bárcena, quien mencionó la propuesta de Bolivia de «crear una alianza latinoamericana antinarcóticos»… «Se reitera la necesidad de contener de manera integral el problema mundial de las drogas y las causas estructurales y primarias de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y violencia», explicó Bárcena.
Entre los asistentes al cierre de la conferencia, presidida por los mandatarios colombiano Gustavo Petro, y mexicano, Andrés Manuel López Obrador, están, además de Leyva y Bárcena, los cancilleres de Bolivia y Honduras, y ministros y viceministros de Nicaragua, Costa Rica, Cuba y Perú. A pesar de reconocer que «en algunos países no se han obtenido los resultados esperados al combatir el Problema Mundial de las Drogas», en el documento muestran su respeto por los convenios internacionales sin renunciar al «compromiso internacional de afectar el tráfico ilícito de drogas». Pero se muestra la necesidad de avanzar y reflexionar de forma colectiva sobre todo en unos aspectos específicos, como la revalorización de las plantas de uso ancestral, la reducción de la oferta, los daños sociales y a la salud o la conservación ambiental. Según el despacho de la agencia noticiosa, estos países buscan cambiar una voz conjunta para plantarse al mundo tras lo que consideran décadas de guerra fallida contra las drogas, con perspectivas de salud pública, prevención y descriminalización de los campesinos. «Denunciamos la estigmatización de nuestros campesinos y migrantes; no son traficantes, son trabajadores en busca de oportunidades», alegó Bárcena.
Esa idea, sin duda, busca desviar el problema central del narcotráfico y el crimen organizado, y pretender que no son peligrosos los crecientes cultivos coca y marihuana que avanzan como una mancha incontenible, depredando la madre tierra que algunos gobiernos dicen proteger. Se pretende mostrar que es una actividad inocua que nada tiene que ver con el crimen organizado, aunque todos sabemos que los carteles se nutren de esos cultivos para fabricar las drogas y llevarlas a todo el planeta. Es parte de la campaña destinada a la despenalización de las drogas.