La política y la corrupción muchas veces se mezclan y van juntas tras el poder, utilizando una infinidad de recursos para lograr vedados objetivos, haciéndose eco de la sentencia popular de que «el fin justifica los medios». Esta idea lleva el mensaje de que cualquier medio utilizado es válido para alcanzar una meta. En Bolivia, además, esta tendencia se facilita por la impunidad, la perdida de independencia del sistema judicial, normas que facilitan las transgresiones y el abuso de autoridad. Constantemente se destapan hechos de corrupción en la administración pública, y pocos son los casos en los que la justicia cumplió su deber.
Pero se dan casos que trascienden por intereses políticos y determinadas circunstancias. Es lo que está ocurriendo con el descubrimiento de ítems de sueldos «fantasmas» en el municipio de Santa Cruz, develado, como casi todos los escándalos de esta naturaleza, por accidente o circunstancias especiales, nunca por investigación, auditorias o labor de la Contraloría, y menos por trabajo de los entes fiscalizadores que ni se los siente por su absoluto silencio.
El negociado recientemente descubierto se ha convertido en el más comentado del año, aunque la gente sabe y recuerda centenares de hechos tan graves que el daño perpetrado es cien veces mayor. Pero el ingrediente político le ha dado un giro radical a las tradicionales y pesadas respuestas a una denuncia. Esta vez han sido las desavenencias de un matrimonio que luego del divorcio no se pudo poner de acuerdo en los bienes gananciales, las que destaparon el caso, por el que son investigados unos 60 funcionarios, entre ellos tres alcaldes, concejales y hasta gente ajena a los municipios que recibió parte del botín. Algo que no extraña a nadie es que los políticos aprovechen el caso para atacar a sus enemigos, ex aliados o potenciales rivales, animados por pugnas en el liderazgo, o revanchas.
Todo comenzó con la versión de malos manejos económicos en el municipio cruceño, por denuncia efectuada por Valeria Rodríguez al no encontrar un acuerdo conciliatorio de bienes con su ex esposo Antonio Parada, que fue jefe de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Santa Cruz entre 2009 y 2018, (Gestiones de Percy Fernández y Angélica Sosa) Anteriormente ocupó otros cargos. La ex encontró documentación sobre movimientos bancarios de su cónyuge que revelaban la presunta existencia de ítems fantasma en el municipio cruceño. La denuncia derivó en varias otras revelaciones de testigos y beneficiarios que dan a entender que se existía una red de funcionarios y personas relacionadas cuyo alcance aún no se ha determinado. Hay versiones que se trata de unos 800 o 900 contratos de personal, con ítems de diferentes montos. Se habla de un promedio de cinco mil bolivianos por cada uno, lo que eleva el movimiento a sumas considerables mensualmente. No se sabe desde cuando se realizó este hecho, pero Prada fue funcionario por nueve años. Solamente se tiene la pauta de la denunciante que hace referencia a movimientos económicos elevados y compra de bienes inmuebles y vehículos. Un informe atribuido a la asesoría jurídica del municipio de Santa Cruz, estima que hay aproximadamente dos mil contratos y la cifra de 800 sólo correspondería a los que manejaba Parada, no a la totalidad existente. El Ministerio Publico, emitió órdenes de aprehensión contra Antonio y Guillermo Parada, pero ambos se fueron a Brasil y solicitaron refugio.
Las investigaciones y declaraciones de los detenidos y algunos testigos han permitido conocer algunos detalles de la forma como operaba la red de contratos ficticios. Varios medios de comunicación revelaron la forma de operar que habría consistido en la contratación de personas por cinco meses, les hacían trabajar sólo dos y se quedaban con el resto del dinero; también se reclutaba gente a la que se pagaba una suma pequeña sin trabajar pero que figura en contratos. Los contratados no asistían a trabajar ni tenían control de la oficina de personal.
Sin duda, es necesario que se investiguen estos hechos y se enmarquen en un debido proceso. Es algo que debe hacerse y ojalá esta vez se llegue hasta las sentencias. Pero también debe comenzarse a investigar los centenares de denuncias presentadas durante los 14 años del gobierno del MAS. En varias oportunidades tanto las instituciones representativas, así como personalidades han expresado que se hacen indispensable y urgente una amplia investigación que permita esclarecer las denuncias existentes. El mal de la corrupción se ha enquistado en el aparato administrativo y político. Se requiere una profunda transformación para cambiar la legislación que ahora se apoya en una serie de normas que facilitan las transgresiones y el paso a la ilegalidad.