El país recordó ayer un funesto episodio que forma parte de la cadena de agresiones chilenas. Hace 57 años, unilateralmente Chile desvió las aguas del río Lauca. Fue el 14 de abril de 1962, cuando el gobierno chileno, en ese momento a cargo de Jorge Alesandri, desconociendo el Tratado de de paz y amistad con Bolivia -que tanto esgrime ahora La Moneda-, cambió el curso de este río internacional para alimentar una central hidroeléctrica y regar la región de Asapa en Arica, que gracias a ese recurso se convirtió en un fértil valle. A raíz de esa decisión unilateral el Gobierno boliviano, presidido en ese momento por Víctor Paz Estenssoro, rompió relaciones con Chile.
El río Lauca tiene una extensión total de 225 kilómetros (km), de los cuales 150 km están en territorio boliviano y 75 km en Chile. Este caudal es utilizado por las poblaciones que viven en las regiones fronterizas con chile, pero sobre todo por la Nación Originaria Uru Chipaya que se encuentra cerca del río. Una parte importante de los habitantes de esa región ha tenido que emigrar porque las condiciones de vida se han hecho cada vez más difíciles. La producción de papa, quinua y otros ha bajado por la falta de agua.
El año 2010, después de muchos años, Bolivia replanteó a Chile el tema del desvío de las aguas del río Lauca, en el marco de las reuniones técnicas que ambos países sostenían para avanzar en la discusión de la agenda de 13 puntos. En una nota de prensa de la Cancillería se hacía referencia escuetamente a las conclusiones del encuentro del grupo de trabajo que se reunió los días 30 de septiembre y 1 de octubre de ese año. En realidad el tema central fue analizar las aguas del Silala, pero según el informe oficial «la delegación boliviana introdujo la problemática del río Lauca para lo cual solicitó que se instalen en dicho río, estaciones hidrométricas conjuntas». El planteamiento fue rechazado por la delegación chilena, lo mismo que las alternativas para solucionar el diferendo del Silala.
No conforme con sus agresiones, el Gobierno chileno inició una demanda contra Bolivia, ante la CIJ atribuyéndose derechos sobre el Silala. Bolivia ha respondido con una contrademanda que ratifica la naturaleza y origen de estos recursos hídricos que cada vez adquieren mayor importancia y que en el futuro serán imprescindibles para la región. Bolivia pidió que se reconozca la soberanía plena sobre las aguas de ese acuífero. Pero en realidad el tema es más profundo ya que obliga a incluir en la demanda, el desvío del río Lauca.
Tiene que comprenderse que ambos recursos tendrán una gravitación geopolítica muy sensible a corto plazo, debido a una serie de factores que tienen que ver con el valor estratégico del agua dulce. Los desafíos para un mejor aprovechamiento y gestión del agua obligan a definir estrategias de adaptación para un efectivo desarrollo sostenible. No podrá ignorarse en la CIJ que existe preocupación en los organismos internacionales por los riesgos de escasez del líquido elemento en el mundo. Hoy en día, 1.600 millones de personas viven en regiones donde la escasez de agua es absoluta, y se estima que esta cifra aumentará a 1.800 millones hasta el año 2025.
Esta realidad hace que el agua dulce sea cada vez más valorada y Bolivia tiene la obligación de velar por sus recursos naturales y el deber de defenderlos, pensando tanto en su aprovechamiento racional, como por la necesidad de ajustar su uso a las pautas y acciones para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente. Chile utiliza las aguas del Silala y del Lauca para la minería y el riego de campos que producen productos transgénicos. Ese país tiene el derecho soberano de hacerlo, pero no con aguas bolivianas desviadas de manera artificial y en forma abusiva. Esperemos que esta vez la misión boliviana ante La Haya exponga adecuadamente los argumentos jurídicos y los estudios sobre la naturaleza y origen del Silala y la forma abusiva como Chile desvió el curso del río Lauca.