La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley para convocar a elecciones judiciales que debían realizarse en 2023 y ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación, esta norma era una de las principales demandas por la que sectores afines al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos en algunas carreteras del país hace varios días.
El documento fue aprobado esta madrugada en grande y en detalle en la Cámara de Diputados y luego pasó al Senado, donde se debatió por al menos tres horas, y ahora corresponde su envío al Ejecutivo de Luis Arce para su promulgación.
El proceso para elegir a los magistrados de los principales tribunales estaba detenido en el Parlamento, por lo que el Tribunal Constitucional prorrogó su mandato y el de los demás jueces, situación que generó una nueva disputa en el oficialismo, con el bloqueó de varias carreteras del país desde el pasado 22 de enero.
El Gobierno defendió que la prórroga de los magistrados fue constitucional, mientras que la oposición y el expresidente Morales (2006-2019), quien está distanciado del mandatario Arce, cuestionaron fuertemente la decisión.
Además, los ‘evistas’ mantienen sus protestas contra una sentencia constitucional que inhabilita a Morales para ser candidato presidencial en 2025, ya que el fallo sostiene que la reelección indefinida «no es un derecho humano».
El senador de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, manifestó que la aprobación es para realizar las elecciones judiciales, pero no se está aceptando prórrogas de las autoridades judiciales y que esa figura es «ilegal», por lo que en algún momento los magistrados deben ir a la cárcel.
Mientras que la senadora Centa Rek, del partido opositor Creemos, señaló que lo que está pasando con las elecciones judiciales es «inadmisible» porque va en contra de la Constitución y añadió que esta situación se debe «enmendar».
Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, sostuvo en una conferencia de prensa que hubo «voluntad y predisposición» de ese órgano para aprobar la norma y que ahora demanda que en la Cámara de Diputados se traten dos proyectos de ley que tienen que ver con la autoprórroga de los magistrados que continúan ejerciendo sus cargos.
Además, pidió a las personas que aún mantienen algunos puntos de bloqueos en las carreteras cercanas a la región central de Cochabamba, donde está la zona cocalera del Trópico que es bastión sindical y político de Morales, a que depongan las medidas de presión y «estar firmes y vigilantes» para el cumplimiento de la norma.
Crisis judicial
Más temprano el presidente Luis Arce manifestó en un acto en Oruro que «la coyuntura política es difícil, pero no imposible de resolverla» y que sin el apoyo del pueblo boliviano su Gobierno no sería fuerte.
«Se ha aprobado ya en el Senado nacional la ley para convocar a los magistrados, a la selección de magistrados. Vamos a promulgar hoy mismo esa ley para que ya no haya bloqueos», indicó Arce.
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección por voto popular cada seis años de los magistrados y consejeros de los máximos tribunales del país.
Los comicios para renovar a los magistrados debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, ante lo cual el Tribunal Constitucional prorrogó su mandato y el de los otros jueces para evitar un «vacío de poder».
Según las autoridades, los bloqueos por parte de los seguidores de Evo Morales han dejado hasta el momento pérdidas por más de 1.000 millones de dólares y han puesto en riesgo la actividad turística, sobre todo la vinculada a la próxima celebración del carnaval en el país.