En varios medios de comunicación orales y escritos, nacionales y del vecino país trasandino; se dio a conocer la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, a la región de Antofagasta para realizar una vista a la zona del Silala, en la frontera entre Chile y Bolivia, con el objetivo de revisar los detalles de la investigación científica que avale la demanda, en La Haya, de Chile contra Bolivia por el Silala. El Canciller señaló que “Bolivia no solamente va a tener que tratar de desmentir a Chile, sino que también a la Ley de gravedad”.
Esa visita a la región del Silala por parte de autoridades chilenas se dio a pocos días que culmine el plazo fijado -el 15 de febrero-, por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el fin que Chile entregue su réplica en el marco de la demanda contra Bolivia sobre el estatus y el uso de dichas aguas.
Para traer a la memoria podemos señalar que fue en 1908 que la Prefectura de Potosí entregó la concesión del uso de aguas del Silala a la empresa The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited, con el propósito de asegurar su abastecimiento para el funcionamiento del ferrocarril en el tramo entre Antofagasta y Oruro. Para ello se construyeron canales artificiales que desviaron el curso del afluente.
Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la Prefectura del Departamento de Potosí, mediante Resolución Nº 71/97 del 14 de mayo de 1997, decretó la revocatoria y anulación de la Concesión de las aguas del Silala, al establecer «que ya no existían las motivaciones condicionantes reales como normativas que dieron lugar a la concesión, por lo que no se justifica mantener subsistente la concesión de las aguas que forman las vertientes del Silala».
A partir de esta fecha las autoridades bolivianas ven la necesidad de aprovechar las aguas o cobrar por su utilización a las empresas mineras chilenas, que eran las que se aprovechaban de este recurso hídrico.
El 6 de junio de 2016, Chile presentó ante la Corte Internacional de Justicia demanda contra Bolivia para que esta instancia determine si «el Silala es un río internacional y tiene derecho sobre las aguas de este curso de agua».
Por los resultados obtenidos hasta la fecha, por parte de Bolivia, quedó claramente establecido que las aguas del manantial del Silala provienen de los bofedales que se encuentran en territorio Boliviano, no es un río fronterizo, aspecto fundamental para llevar a cabo políticas de Estado planteadas para preservar este recurso vital para la sobrevivencia de toda forma de vida.
La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales, instituida en Bolivia para atender el problema que se tiene con Chile, debe prestar la atención necesaria, pertinente y urgente para solucionar dicho conflicto legal internacional, que permitirá la ejecución de las estrategias planteadas en cada política para evitar la explotación de estos recursos hídricos que fueron desviados de manera arbitraria por el país trasandino.
Hasta que no se emita un fallo sobre el conflicto legal internacional que se tiene con Chile, en la Corte Internacional de La Haya, legalmente no existe una limitación para ejecutar investigaciones, estudios y propuestas sobre la explotación de los recursos hídricos del Silala en favor de nuestra población, situación que debe ser considerada especialmente para la constitución de un polo de desarrollo en la zona, sentar soberanía e incrementar la defensa y seguridad del Estado.
La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales creada por Ley para proteger estos recursos naturales, debe coordinar con las instituciones del Estado, en especial con las FF.AA., hecho que permitirá el establecimiento de un Polo de Desarrollo en base a la implementación de una Unidad Militar de producción en la región.