La tercera elección judicial en el país está en proceso, con la esperanza de que esta vez se logre elegir jueces probos, e independientes del poder político, y que se desechen las malas prácticas que enviciaron las elecciones judiciales de 2011 y de 2017, cuando el oficialismo designó a los candidatos a jueces entre sus militantes y simpatizantes, que luego demostraron su lealtad al gobierno con fallos espurios. La ciudadanía repudió tanto el proceso como a los magistrados elegidos, tanto mediante pronunciamientos como al depositar su voto en las urnas, ya que en ambas justas electorales ganaron por mayoría absoluta los votos nulos y blancos. Ahora los nuevos comicios que están en plena organización, abren una oportunidad, debido a que en la Asamblea Legislativa, que es donde se pre seleccionará a los postulantes, el oficialismo es minoría.
Los preparativos para las elecciones tienen un cronograma muy ajustado, de manera que urge la responsabilidad y voluntad política de llegar a buen término. Después de aprobado el marco legal, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó los operativos que le corresponde desarrollar, para lo cual solicitó al Gobierno un presupuesto de 183 millones de bolivianos, que es lo que costará esta elección. La vocal de este organismo, Dina Chuquimia, en declaraciones a Unitel, dijo que una vez se publique la convocatoria para los candidatos hay 80 días para el proceso de recepción de postulaciones para después dar paso a la preselección por dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa.
Una vez concluido este proceso se remitirán las listas oficiales de candidatos y candidatas al propio TSE y es ahí cuando la institución asumirá competencias y convocará a elecciones, se elaborará un calendario electoral que incluirá la fecha de las elecciones. El calendario electoral prevé contar con más de 50 actividades y ya se realizó la planificación para alcanzar cada una de estas, de acuerdo con Chuquimia, quien estima que si se cumplen todos los pasos, entre agosto y septiembre de este año se llevarán adelante las elecciones judiciales.
Por mandato de la Ley 1549, la Asamblea Legislativa tiene hasta 80 días para realizar la preselección de postulantes, mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), hasta 150 días para la organización y realización de la votación popular. La ruta crítica y cronograma, contemplados en el artículo 14 de la Ley, establece tres días para publicar la convocatoria; luego de ello los aspirantes tendrán 20 días para presentar sus postulaciones al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental, al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Consejo de la Magistratura.
Naturalmente que el desarrollo del operativo elecciones judiciales está condicionado a que la ALP, el gobierno y TSE cumplan el compromiso asumido de llevar adelante estas elecciones en forma transparente, que se elija a los precandidatos a magistrados por sus méritos y no por favoritismo ni filiación política. Ojalá que no se repitan los errores de las dos anteriores elecciones. Recordemos que los votos nulos y blancos se impusieron en las elecciones judiciales celebradas en 2011 y en 2017. En octubre de 2011, los candidatos fueron elegidos por el gobierno entre sus adeptos. En 2017 las elecciones fueron similares a las de 2011. El proceso de preselección de candidatos se caracterizó por una falta de transparencia y de involucramiento de la oposición y estuvo regulado sobre todo por líderes del del MAS. En esa elección hubo una participación de 84,2% de los electores, y se registraron 50,9% de votos nulos y 14,93% de votos blancos.
Las elecciones judiciales de 2024 pueden ser la base para un fortalecimiento no solamente del sistema judicial, sino del proceso democrático y de la institucionalidad, que han sido gravemente afectados por el copamiento del poder político sobre el Órgano Judicial, que se ha convertido en un brazo político del poder Ejecutivo. Son muchos los ejemplos de la actuación parcial del sistema, no solamente en el caso de la persecución a militantes de organizaciones políticas de la oposición, sino de transgresiones a la Constitución Política del Estado para favorecer al oficialismo, como la decisión del Tribunal Constitucional sobre el supuesto derecho humano del ex presidente Evo Morales a ser reelecto indefinidamente.
La última decisión del TCP, de prorrogar en sus cargos a los magistrados del Órgano Judicial, cuyo mandato feneció en 2023, constituye un exceso y abuso de poder que, lamentablemente, va acompañado de un apoyo del gobierno nacional, que se empeña en mantenerlos en funciones, pese a un repudio generalizado que se manifestó en la crisis política y social de las últimas semanas. Existe el riesgo de que todo lo avanzado se diluya, debido a la resistencia del gobierno a permitir que se consideren los proyectos de leyes que determinen el cese de funciones de los magistrados prorrogados. Las consecuencias de esta eventualidad pueden ser catastróficas para el país.