La Asamblea Legislativa aprobó este viernes la convocatoria para la preselección de postulantes para dirigir los máximos tribunales del país, un proceso que los parlamentarios debieron realizar en 2023, pero que se frenó en varias ocasiones, por lo que las elecciones judiciales se postergaron.
El vicepresidente y presidente del Legislativo, David Choquehuanca, presidió la sesión en la que la convocatoria fue aprobada por unanimidad por los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) y las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
«En cumplimiento de las previsiones constitucionales y legales, con el voto de unanimidad de los asambleístas queda aprobada la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos», dijo Choquehuanca.
La convocatoria se publicará en medios impresos durante tres días y el registro de candidatos comenzará el martes y se extenderá por 20 días, precisó la Vicepresidencia del Estado en un comunicado de prensa.
Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural recibirán las inscripciones de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, y al Consejo de la Magistratura.
Entre los requisitos para postular están el tener nacionalidad boliviana, hablar al menos dos idiomas oficiales del país, tener licenciatura, estudios especializados y un mínimo de ocho años de experiencia laboral.
Los aspirantes no deberán ser militantes de ningún partido político «al momento de su postulación», ni podrán volver a postular a algún cargo para el que hubieran sido elegidos en los comicios judiciales previos.
Todo el proceso hasta la preselección final de candidatos en el pleno deberá realizarse en un plazo máximo de 230 días y ser aprobado con dos tercios de votos de los legisladores presentes, recordó la Vicepresidencia.
Conflicto reciente
La Constitución vigente desde 2009 introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los principales tribunales del país con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero la preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un «vacío de poder».
La prórroga, defendida por el Gobierno de Luis Arce, es rechazada por la oposición y por la facción oficialista leal al exmandatario y presidente del MAS, Evo Morales (2006-2019), cuyos seguidores realizaron un bloqueo de carreteras durante más de dos semanas para exigir la renuncia de los magistrados.
Los conflictos se superaron en los días previos al carnaval tras la promulgación de una ley que llama nuevamente a los comicios y que fue elaborada en consenso entre las tres fuerzas políticas, aunque con algunas condiciones mutuas.
La oposición y los ‘evistas’ exigen que se traten dos leyes para cesar a los magistrados que se prorrogaron y el Gobierno de Luis Arce demanda la aprobación de siete créditos externos paralizados en el Legislativo.