El país está inmerso en una crisis económica y sanitaria de consecuencias impredecibles, que merece la adopción de efectivas medidas de austeridad que permitan consolidar bases estructurales para retornar al crecimiento. Este no es un problema local y más que nunca la dependencia del mundo globalizado afecta a las economías de los países en vías de desarrollo. El balance de la gestión económica 2020 de América Latina es desastroso al haberse incrementado la pobreza y la desigualdad, y dejado sin empleo a millones de personas.
La contracción económica es la más rígida de los últimos 120 años, y Bolivia figura entre los países más afectados de la región. En esas condiciones sería suicida afectar a los generadores de empleo y producción. La Central Obrera Boliviana está haciendo consultas a sus organizaciones de base para demandar un aumento salarial. Las entidades que agrupan a la empresa privada, manifestaron su preocupación por una medida de esa naturaleza, cuando los negocios apenas están logrando sobrevivir al efecto dominó que generó la secuela de la pandemia, que obligó a una cuarentena rígida que paralizó las actividades y afectó gravemente a la producción, el comercio y los servicios. Cerraron muchas empresas y otras apenas sobreviven. Esa es la realidad actual.
Los informes coincidentes de los organismos internacionales consideran que será muy difícil una pronta recuperación. Sin duda la causa fundamental de esta situación es la pandemia que todavía amenaza con mayores quebrantos con la segunda ola que ya está en nuestro país. La producción en general -con algunas excepciones- y las exportaciones han sido las más dañadas. Bolivia está dentro los países más afectados en sus exportaciones con indicadores negativos, es decir, -28,7%. En esas condiciones hablar de aumentos salariales u otras medidas que afecten a las empresas privadas podría ocasionar el colapso con el cierre de empresas y el consiguiente aumento del desempleo.
Al anunciarse las nuevas medidas económicas del actual gobierno, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que las nuevas Leyes «mejorarán la política redistributiva del ingreso, así como la progresividad del sistema tributario boliviano». Es necesario comprender que no se puede distribuir lo que no se tiene. El país está en una grave contracción que requiere del mayor apoyo e incentivo a las inversiones y fomento a la producción para que se logre generar un mayor movimiento económico que permita la recuperación. Solamente con un acuerdo entre el Estado, el sector privado y la comunidad nacional se podrá llegar a consensuar políticas económicas efectivas para salir de la crisis.
El sector privado es fundamental para la economía nacional, y la Constitución Política del Estado no solo reconoce el aporte de las empresas privadas, sino que en el Art 307 determina que el Estado «respeta y protege la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país». Pero en los hechos mediante una serie de presiones tributarias, normas limitantes y trabas administrativas se estrangula a este sector de la población que es el principal generador de empleos y promotor de la producción de bienes esenciales, comercialización, exportación, importación y prestación de servicios.
Los últimos meses han sido letales para muchos emprendimientos debido a las consecuencias del coronavirus y la forma como afectó a la economía en general. La secuela de efectos económico-financieros de la pandemia está asestando golpes letales al empresariado, a los gremiales, comerciantes y productores en general. Se estima que más de 700 industrias nacionales cerraron por la crisis generada con la cuarentena que inmovilizó las labores de la mayoría de los sectores. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba Javier Bellott, estima que unas 750 empresas nacionales cerraron por la crisis económica y las derivaciones de la pandemia. Asimismo, informó que más de 1200 empresas cancelaron su matrícula comercial. Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, este año se ha visto afectado el 80% del total de empresas y negocios en general del país.
Los microempresarios no solo piden, sino exigen al gobierno se congele los salarios y otros sectores piden se haga conocer los sueldos que perciben los dirigentes de la COB, entre ellos Juan Carlos Huarachi, como trabajador de interior mina, en comisión y otros que siguen teniendo incrementos de la COMIBOL, también en comisión, es decir no trabajan como lo hacen los fabriles, mineros y cooperativistas mineros, artesanos, así como de otros sectores identificados con las necesidades y requerimientos de los bolivianos.