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domingo, abril 28, 2024

Episodio clave

Bolivia vive un episodio clave en el proceso de edificar las bases de la democracia, perturbada por señales preocupantes que ponen en riesgo principios básicos democráticos, con una paulatina destrucción de la institucionalidad. La principal característica de una democracia es la independencia de los poderes públicos, el respeto de cada uno de ellos hacia las facultades y obligaciones de los otros, el no inmiscuirse ni presionar decisiones de un órgano a otro. Es una de las bases de la institucionalidad. Un país alcanza su plenitud mediante la institucionalidad y se fortalece a través de sus instituciones.

Construir la institucionalidad le ha costado mucho al país desde la recuperación de la democracia en 1982, cuando los militares devolvieron el gobierno a las entidades llamadas por ley, es decir a los legítimos depositarios de la voluntad del pueblo. La recuperación de la democracia tuvo como primera tarea fortalecer a las instituciones, establecer la independencia de poderes lográndose una institucionalidad razonable, aunque débil porque estaba en formación. El objetivo era lograr que se garanticen las reglas de juego en la convivencia, la división de los poderes del estado para evitar que alguno de ellos pueda hacer y actuar con prescindencia de los otros. La «institucionalidad» es una característica esencial del «Estado de Derecho» e implica que todos los actos de una «institución» son guiados por las normas legales, de manera que actúen con transparencia. En lo jurídico significa el establecimiento de normas interconectadas por principios generales, y en lo político que la comunidad se regula por estructuras, órganos de gobierno y procedimientos claramente definidos. La guía principal es la Constitución Política del Estado.

Pero junto al proceso de cambio, que sin duda perfiló importantes avances, también comenzó un deterioro de algunas entidades fundamentales, el debilitamiento de otras y la cooptación de las que se consideran con posibles resistencias. Se desmoronó el sistema judicial, perdió credibilidad y confianza la Policía, nadie cree en los informes económicos, las estadísticas son manipuladas, y hasta el Banco Central se lo maneja desde el Ejecutivo. El legislativo, debido a la mayoría oficialista resignó su función de fiscalización y el Órgano Electoral actúa bajo los lineamientos del gobierno central. De todas maneras, el largo trayecto que ha vivido el pueblo, los partidos políticos y las instituciones desde la recuperación del poder, permite afirmar que los principios de libertad y ejercicio pleno de las garantías están arraigados en el pueblo, aunque todavía son permeables a distorsiones que ponen en riesgo la calidad de la democracia.

Efectivamente, algunos partidos y grupos de poder, violentando las normas constitucionales y los objetivos nacionales, están logrando torcer los principios democráticos que tanto dolor y sacrificio han costado a los ciudadanos. La democracia es una forma de convivencia política, económica y social que permite respirar democracia, cuando hay libertad. Es un sentimiento que se opone al autoritarismo, a la manipulación de los ciudadanos, a la hegemonía política y a cualquier forma de gobierno que dé la espalda a la voluntad de los ciudadanos. La democracia es el régimen político del estado de derecho en el que se garantice una libertad sin miedos, sin represión, sin exiliados políticos; un sistema donde la justicia sea independiente y no que se convierta en brazo político represor.

Desde la recuperación del proceso democrático, se ha producido un constante avance en muchos aspectos, pero al mismo tiempo, también se han dado retrocesos. El clamor popular ha demandado consolidar el proceso. La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en lograr la participación ciudadana plena en todos los aspectos que influyen en su vida, contando para ello con instituciones sólidas, modernas, eficientes, transparentes, y fundamentalmente, adheridas al ordenamiento jurídico, es decir respetuosas de la institucionalidad.

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