El gobierno propuso un «Anteproyecto de ley de creación del sistema de riesgos para la prevención y lucha contra la corrupción» que tiene un fin preventivo para detectar oportunamente una mala administración o desvío de los recursos públicos. La propuesta surge después que la actual administración ha sido golpeada por una andanada de denuncias sobre irregularidades, dudosas negociaciones con empresas interesadas en los recursos naturales estratégicos del país, y diversos hechos corrupción, al extremo que hay un ministro y un viceministro en la cárcel por coimas millonarias, varios detenidos en el proceso de investigación, y un agitado ambiente que utiliza toda esta situación para llevarla a la campaña preelectoral en la que están enfrascadas las dos corrientes que pugnan por la supremacía en el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El proyecto de ley prevé más controles para los funcionarios públicos y sobre su patrimonio. Se explicó que el Consejo de Lucha contra la Corrupción ha considerado la necesidad de «crear el sistema de riesgos que cumpla con el propósito fundamental del trabajo del Estado, a través de su Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, identificando alertas tempranas que busquen prevenir la corrupción y evitar que se den estos hechos ilícitos», según el ministro de Justicia, Iván Lima.
La norma proyectada busca establecer incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos; análisis de información pública en todos los sistemas que puedan permitirle operar al sistema de gestión de riesgos. La viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, resaltó que el Gobierno usará todos los datos de distintas instituciones públicas para verificar la veracidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Explicó que este método «está en el concepto de los estándares de convenciones internacionales y se genera a partir de diferentes registros, entre ellos, el registro de derechos reales, y el registro de propiedad de vehículos. Toda esta información pasará por un sistema interoperable de verificación que nos va a permitir establecer asimetrías, establecer operaciones y poder comunicarlas a las máximas autoridades para que puedan tomar acciones colectivas oportunas», aseguró Ríos.
El presidente del Estado, Luis Arce, sostuvo que la corrupción es un mal que aqueja a todo el mundo y, por eso, resaltó la importancia de esta nueva norma que tiene un carácter preventivo, principalmente en la administración de recursos públicos en las contrataciones con el sector privado. El presidente explicó que cuando se firme un contrato con una empresa privada, se va a solicitar que abran una cuenta donde se va a depositar el 100% de los recursos que el Estado. «En esa cuenta se van a poder determinar los gastos que realicen las empresas privadas en la consecución de la obra señalada en el contrato respectivo», indicó el primer mandatario. Las empresas podrán aceptar voluntariamente someterse al seguimiento y fiscalización del dinero público, pero también tendrán la posibilidad de acogerse al «secreto bancario». Sin embargo, aclaró que quienes eviten ser fiscalizados, no formarán parte de las «listas de integridad» que el Gobierno creará y publicará periódicamente para demostrar transparencia. El jefe de Estado pidió a la Asamblea Legislativa un tratamiento oportuno y una pronta aprobación del proyecto de ley.
Pero tanto políticos como juristas y economistas observaron que esta decisión del gobierno es tardía, vulnera principios legales y se dirige a una nueva forma de discriminación. Recordaron que existen leyes, decretos, reglamentos y otras normas dirigidas a frenar la corrupción, pero que no son aplicadas debido a que la justicia ha perdido su independencia, y el gobierno se niega a que se realice una reforma judicial, que sería la única vía para hacer que se cumpla el estado de derecho y se acabe con la impunidad que hoy protege la corrupción.
Por otra parte, algunos economistas recordaron que en el pasado existía un el país un sistema de control previo que ejercía la Contraloría General, como institución fiscalizadora. Este sistema fue suprimido, y para colmo de males, la Contraloría perdió su independencia de gestión, convirtiéndose en un apéndice del Ejecutivo. Probablemente el restablecimiento del control previo en la administración de los recursos del Estado sea un recurso que podría aportar a evitar el mal manejo de los recursos económicos del Estado. De todas maneras, existe una coincidencia en la demanda de las organizaciones más representativas de la comunidad nacional, en sentido de que, para frenar la corrupción, es necesario devolver la institucionalidad a las dependencias del Estado y hacer realidad la reestructuración del sistema judicial.