Los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Evo Morales (2006-2019) criticaron este lunes por separado la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anuló el reglamento y la convocatoria para la preselección en la Asamblea Legislativa de los candidatos a altos mandos del órgano Judicial.
Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora en el Legislativo, apuntó al Movimiento al Socialismo (MAS), al que acusó de entrampar «el camino para reformar la justicia, con una decisión tardía» del Constitucional.
«Las elecciones judiciales son un mandato constitucional, pero también es un mandato que se garantice la imparcialidad, independencia e idoneidad de quienes conducirán los Altos Tribunales, y que la preselección se defina por dos tercios de la Asamblea», escribió el exgobernante en Twitter.
También anunció que CC «va a exigir que se cumplan estos mandatos».
En la misma red social, Morales sostuvo que la sentencia «atenta contra el derecho constitucional del pueblo boliviano a elegir democráticamente a los magistrados del Órgano Judicial» y es una «decisión anticonstitucional y política, no jurídica, que pretende» empujar al país a volver a la práctica del «cuoteo de la justicia».
El también máximo líder del MAS hizo un llamado a los militantes de su partido, al pueblo, instituciones democráticas, parlamentarios «patriotas» y «líderes de opinión, entre otros «a denuncia este golpe judicial contra la democracia».
Para Morales, Bolivia «está en peligro de ser reducida a un Estado represor que usará los requerimientos fiscales y sentencias judiciales como arma política» y consideró que con este fallo el TCP «ha sentenciado su sometimiento al poder político».
«La mal llamada guerra judicial o ‘lawfare’ se ha instalado en nuestro país», agregó el exmandatario, que en los últimos meses tomó distancia del Gobierno de Luis Arce.
El TCP dio a conocer este lunes su pronunciamiento sobre un recurso de inconstitucionalidad que presentó un diputado al reglamento y primera convocatoria que emitió el Legislativo en abril pasado para la preselección de postulantes a las elecciones judiciales.
Ambos documentos y una «Ley Transitoria» que modificó los plazos para que las elecciones judiciales se celebren este año fueron anulados y también se dispuso que toda la preselección se efectúe «necesariamente e imprescindiblemente por dos tercios de voto» del Parlamento.
En el Legislativo el MAS tiene la mayoría, pero los dos tercios de votación para la aprobación de las normas más importantes.
El proceso de preselección para las elecciones de este año quedó paralizado en dos ocasiones debido a medidas dispuestas por salas constitucionales ante acciones presentadas por parlamentarios opositores.
La «Ley Transitoria» aprobada en junio redujo los tiempos para la preselección, luego de que una corte constitucional ordenara el inicio de un nuevo proceso, lo que no ocurrió a falta del pronunciamiento del Constitucional sobre los casos pendientes que llegó esta jornada.
La Constitución promulgada en 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de los principales tribunales con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votaron nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS para elegir a jueces afines al oficialismo.