La economía nacional continúa mostrando debilidades que preocupan a la industria, comercio y producción en general, mientras la certidumbre en la ciudadanía no alcanza a consolidarse, pero el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, da un mensaje de tranquilidad por el futuro del país, y considera que el sistema financiero mantuvo solidez, y la economía nacional se mantuvo estable pese al contexto internacional adverso por la guerra de Rusia contra Ucrania, la alta inflación, la subida de tasas internacionales de interés y las amenazas de recesión. Asimismo, aseguró que la escasez de dólares comenzó a disminuir y que el país logró salir de un momento complicado por la falta de liquidez. También reveló que el Banco Unión ya realiza operaciones en yuanes (moneda china) con algunos clientes, y que aún está abierta la opción de que se abra un banco chino en el país.
La explicación del ministro se da en un momento en el que hay observaciones de instituciones que se dedican al análisis económico, así como de analistas y empresarios que aseguran que no encuentra dólares para mantener sus operaciones de producción y comercio. De todas maneras, el ministro Montenegro, cree que se está «volviendo a la normalidad», pues ésa es una de las conclusiones de una reunión que sostuvo la semana pasada con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban). También afirmó que las comisiones por transferencias en dólares tienden a reducirse.
Asimismo, de acuerdo a informes de prensa, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen aseguró que el precio de la gasolina y del diésel continuará subvencionado y «se van a mantener estable», pero también dijo que se está trabajando para reducir el costo de la subvención con medidas como la fuerte exploración de hidrocarburos, y la mejora en la logística de importaciones. «El objetivo es reducir esa subvención, y garantizamos que el precio del combustible se va a mantener estable» señaló.
En esa misma línea, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnéz, según ABI, aseguró que Bolivia tendrá ingresos por más de $us 4.000 millones con la comercialización de la producción de carbonato de litio gracias a la tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL). Explicó que el sistema EDL, fortalecerá de manera rápida la obtención del carbonato de litio, y se espera una producción de cien mil toneladas hasta el 2025, y según la nota, que al precio actual, serían cuatro mil millones.
Las cifras y los anuncios suenan alentadores, pero no obstante ello, hay preocupación por la realidad objetiva. Por ejemplo, el Informe 2023 de la Economía Boliviana elaborado por la Fundación Milenio, concluye que se necesita una reforma fiscal y administrativa que revise el subsidio a los combustibles, el tamaño del empleo público y los déficits de las empresas estatales para lograr la reactivación de la economía. Considera que es preocupante el alto y persistente déficit fiscal y la reducción de las reservas internacionales. Entre otras observaciones, considera que «Se deben recomponer las fuentes de riqueza e ingresos públicos, con cambios que impulsen la inversión y la iniciativa privada, recuperar la credibilidad del país y del gobierno; reducir los riesgos políticos y la inseguridad jurídica». El gobierno no hace bien al negar la realidad. La crisis económica no se siente solamente en Bolivia. Es un problema global que afecta más a los países en vías de desarrollo, entre los que se encuentra Bolivia. Uno de los problemas estructurales de mayor preocupación, es la situación fiscal y la cultura impositiva, que en nuestro país es la más pobre de la región.
Precisamente, a iniciativa de Naciones Unidas y la CEPAL, los ministros de Hacienda, Economía y Finanzas, y funcionarios de 16 países firmaron el pasado fin de semana una declaración conjunta para constituir la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe. El nuevo organismo tiene como objetivo fomentar el diálogo y el intercambio de conocimientos para elaborar políticas fiscales, tanto nacionales como internacionales, que permitan una mayor recaudación con la que afrontar adecuadamente las crisis de la región.
En la reunión, representantes de más de 60 organizaciones de la sociedad civil de 20 países de la región prepararon una lista de recomendaciones sobre la justicia fiscal, y la entregaron a los participantes de la Cumbre. Entre las sugerencias se incluye promover la progresividad y la equidad de los sistemas tributarios de la región. Promover reformas de la tributación corporativa, en especial de las empresas multinacionales, que consideren y protejan los intereses de la región. Tomar medidas orientadas a incrementar la transparencia fiscal. Promover tributos que busquen la protección del ambiente, especialmente con relación a la transición energética y la respuesta a la crisis climática. Revisar beneficios tributarios con criterios de transparencia y equidad, eliminando los privilegios y priorizando los beneficios que generan crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y justicia social, entre otras iniciativas.